El representante de CSIF, Francisco Puche, señala que la Región de Murcia se verá mucho más afectada que el resto del país. Han convocado concentraciones a las puertas de todas las delegaciones a mediodía de hoy
El índice de mutualistas por habitante en la Región de Murcia, situado en el 12'5 por ciento, dobla la media nacional. Tras confirmarse el plantón de las aseguradoras que prestan servicio de mutualismo administrativo a la licitación convocada por MUFACE, el sistema público de salud teme tener que asumir la asistencia de más de 35.000 funcionarios del Estado. Una realidad que podría colapsar aún más una atención ya muy tensionada en esta comunidad. Por no hablar de los 55.000.000 de euros al año que costaría asumir a esos usuarios.
El representante de CSIF, Francisco Puche, teme un caos. Considera que la Región de Murcia se verá mucho más afectada que el resto del país si finalmente no se alcanza un acuerdo, creen que las listas de espera podrían multiplicarse por dos o incluso por tres en algunos supuestos. Puche explica que el índice de mutualista en la Región de Murcia dobla la media nacional.
Piden que la Administración, que trabaja ya en una nueva licitación, se reúna con las tres aseguradoras, Adeslas, Asisa y DKV, que piden un incremento en las primas del 40 por ciento. La oferta del gobierno se quedó en el 17 por ciento para los próximos dos años. Puche dice que unas piden demasiado y otros no muestran intención de alcanzar acuerdos.
De momento han convocado concentraciones a las puertas de todas las delegaciones del gobierno del país el próximo lunes a mediodía.
Desde el Ejecutivo regional explican que se trata de un asunto complejo que tiene que negociar el Gobierno de España con las mutuas. El Gobierno central es el responsable de poner las mejores soluciones posibles encima de la mesa para el personal funcionario, y es el responsable de financiar adecuadamente a las comunidades autónomas en general, y en particular, de volver a licitar con las mutuas un acuerdo para su prestación sanitaria, dicen desde la Consejería.
Salud considera "inaudito que el Gobierno de España, lejos de buscar soluciones a las actuales necesidades del sistema sanitario, quiera trasladar a las Comunidades Autónomas una mayor carga asistencial. Todo esto demuestra la incapacidad del Ministerio y del Gobierno ante un asunto que tienen que resolver con seriedad y celeridad". Absorber a esos casi 35.000 mutualistas tendría un coste de 55.000.000 de euros al año en la Región.
Desde la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública creen que sería una buena noticia la desaparición de esa asistencia mutualista porque de cualquier manera los enfermos graves terminan yendo a parar al sistema público. Hablan de chantaje por parte de las aseguradoras y están convencidos de que si ese dinero que se les paga a las compañías se inyectase directamente en el sistema público los usuarios, todos ellos, saldrían ganando.
El presidente de la asociación, Abel Novoa, explica que los funcionarios que reciben atención a través de MUFACE no tienen médico de familia. Eso implica, por ejemplo, que son derivados directamente a los especialistas cuando en muchas ocasiones es innecesario. Y en el caso de las enfermedades graves, sí o sí, los pacientes terminan siendo derivados a los centros públicos.
Novoa asegura que el sistema público está preparado para asumir a esos pacientes siempre y cuando vengan con la partida que se destina hasta ahora a las compañías aseguradoras.
