Sergio Rubén Nicolás, secretario de la Junta de Personal, asegura que de los 120 refuerzos que el presidente López Miras comprometió en un acuerdo firmado en 2022, sólo se han incorporado hasta ahora una treintena
La Junta de Personal de los bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento, que depende de la Consejería de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, ha reclamado este jueves que el Gobierno regional ejecute las medidas de refuerzo que acordó con los propios bomberos tras las DANAS de 2016 y 2019 y que a fecha de este jueves siguen pendientes.
La Junta de Personal ha mostrado su preocupación por las consecuencias que un episodio de las características del ocurrido en Valencia podría tener en la Región de Murcia porque, según denuncian, los bomberos del CEIS siguen sufriendo las carencias de personal y medios que detectaron con motivo de las DANAS que afectaron a nuestra comunidad en 2016 y en 2019. Nada de lo prometido se ha hecho realidad denuncia Sergio Rubén Nicolás, secretario de la Junta de Personal.
De los 120 refuerzos que el presidente López Miras comprometió en un acuerdo firmado en 2022, sólo se han incorporado hasta ahora una treintena. La situación se ve agravada, dicen, por los repetidos cambios políticos que se han producido al frente del consorcio, que tiene vacante el puesto de gerente desde que se produjo la salida de VOX del Gobierno regional, el pasado mes de julio. La consecuencia inmediata es que se han paralizado los planes para adquirir vehículos de intervención y que la inversión prevista va a ser amortizada por la Comunidad Autónoma.
Reclaman además un sistema de colaboración más eficaz que permita, en el futuro, responder con celeridad ante situaciones de catástrofe como las que se han producido en Valencia y Letur. Los bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios solicitaron acudir de manera voluntaria a estas zonas el martes 29 de octubre, en cuanto llegaron las primeras noticias sobre el desastre ocasionado por las lluvias. Era el momento en que podían ser más útiles para salvar vidas. Pero la Generalitat valenciana rechazó su ofrecimiento.