El abogado murciano José Luis Mazón, de la Asociación Preeminencia del Derecho, habla de posible financiación ilícita y no descarta llevar el asunto a la Fiscalía Anticorrupción de la UE
La Asociación Preeminencia del Derecho califica de "operación Gürteliana" de posible financiación ilícita la concesión de ayudas por parte del Gobierno regional a la Asociación Zakut, dedicada, según su página web, al impulso de empresas tecnológicas. Han presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por el millón de euros que el Instituto de Fomento (INFO) otorgó a esta entidad en poco más de un año a través dos convocatorias de ayudas para fomentar la innovación y el emprendimiento.
El abogado de Preeminencia del Derecho, José Luis Mazón, ha explicado a ONDA REGIONAL que se pusieron sobre la pista después de detectar que la Comunidad de Madrid había otorgado el uso y disfrute de 14 viviendas sociales a la Asociación Zakut. Ese asunto coincidió en el tiempo con las primeras informaciones difundidas en Murcia sobre la concesión de ayudas a la misma entidad y tiraron del hilo. A partir de ahí se percataron de que esa entidad había recibido la primera ayuda del INFO sin ni siquiera estar registrados sus estatutos.
El letrado avisa de que si la Fiscalía Anticorrupción de España no se pronuncia en un corto plazo, no descartan judicializar el tema en nuestro país y elevarlo a la Fiscalía Anticorrupción de la Unión Europea. "Casi el grueso de la subvención, del regalo, son fondos europeos y el proceso ha sido totalmente opaco. Esto era lo que hacía la Gürtel, un posible mecanismo de financiación del PP y eso es lo que hay que investigar, ha explicado Mazón.
Mazón considera llamativa la rapidez con la que registraron los estatutos de la Asociación a pesar de la demora habitual para este tipo de trámites. Al abogado de la Asociación Preeminencia del Derecho también le llama la atención la falta de control por parte de los partidos de la oposición en Murcia sobre la actuación del gobierno.
Si de todo esto se deriva un proceso judicial, Izquierda Unida-Verdes en la Región de Murcia solicitará presentarse como acusación particular. La formación entiende también que las bases de la convocatoria han sido incumplidas porque, cuando se solicitó la ayuda, esta entidad carecía de Estatutos. Éstos fueron presentados en el Registro de Asociaciones más tarde del fallo de las ayudas. José Luis Álvarez-Castellanos, coordinador autonómico de la formación, critica además la celeridad en la tramitación, resolviéndose en 12 días cuando la administración regional suele agotar los 6 meses de plazo que la legislación permite.
Izquierda Unida tacha de "oscuro y sospechoso" el procedimiento. Sospechan que hubo trato de favor y un posible delito de prevaricación por parte de la administración pública.
El Gobierno regional defiende la legalidad de todo el proceso. Explican en la Consejería de Economía que la resolución de la convocatoria se hizo con "criterios objetivos" y puntualizan que no se trató de una subvención directa, sino una convocatoria de ayudas, según ha explicado el consejero Luis Alberto Marín.
