Fulgencio Perona, teniente alcalde de Seguridad Ciudadana y Emergencias del Ayuntamiento de Murcia, niega los hechos y en un comunicado el consistorio advierte de acciones penales contra el letrado
Uno de los abogados de las víctimas del incendio del pasado octubre en dos discotecas de Murcia en el que fallecieron 13 personas, en concreto el letrado José Manuel Muñoz ha manifestado su inquietud por la posible destrucción de pruebas vinculadas con el siniestro por parte del Ayuntamiento. Desde el consistorio niegan que se hayan producido esos hechos y estudian emprender “acciones penales” contra el letrado.
Muñoz ha remitido un escrito al juzgado de Instrucción número 3, que investiga el suceso, alertando de que en la noche del martes se destruyó numerosa documentación en la sede donde trabaja el jefe del servicio de Protección Civil y Prevención de Incendios del Ayuntamiento de Murcia. Habla de ocho bolsas llenas de papeles destruidos por parte de un funcionario.
El funcionario, al parecer es uno de los tres empleados públicos, además del actual concejal de Urbanismo, Antonio Navarro, y de la anterior corporación socialista, Andrés Guerrero, contra los que se han querellado las familias a las que representa este abogado por entender que pudieron incurrir en prevaricación al permitir que las salas incendiadas estuvieran abiertas pese a contar con una orden de cese en vigor.
Desde el Ayuntamiento de Murcia han negado de manera tajante que se haya destruido ningún tipo de documentación relacionada con el incendio explica Fulgencio Perona, teniente alcalde de Seguridad Ciudadana y Emergencias del Ayuntamiento de Murcia
Ha advertido de que los servicios jurídicos del consistorio están estudiando ejercer acciones penales contra el abogado José Manuel Muñoz. El letrado asegura que sólo se debe a los familiares de las víctimas a las que representa y que no va a tolerar amenazas
Se da la circunstancia de que la querella contra los responsables municipales fue admitida a trámite el pasado 4 de abril, aunque la noticia ha trascendido esta semana, motivo por el cual Muñoz Ortín sospecha que la documentación destruida podría estar relacionada con las discotecas, por lo que ha solicitado a la jueza que instruye el caso que tome medidas de protección.
