Los sindicatos denuncian que la Consejería de Educación solo es capaz de "compartir la preocupación", la única contestación a la demanda de soluciones a problemas que llevan años arrastrando
Desprecio y ninguneo es lo que recibe de la Consejería de Educación la Junta de Personal Docente que denuncia, a su vez, multiplicación de barracones, masificación de aulas, profesores enterrados en papeles que, en algún caso tienen salarios por cobrar desde hace diez años.
Todos los sindicatos presentes en la Junta han denunciado el trato y, sobre todo, las respuestas que obtienen cuando plantean los problemas del sistema. En realidad es una única contestación, sea cual sea la dificultad a la que se alude. No van más allá de "compartir la preocupación".
Luis Prieto, el presidente de la Junta de Personal Docente No Universitario, denuncia que es "inadmisible" que no den respuesta a problemas que llevan denunciando y arrastrando durante años. Han llegado a un punto en que la situación es "insostenible" y la califica de "desprecio absoluto, aunque cree que lo realmente indignante es que no solo se ningunea a los docentes, sino también a padres y alumnos.
¿Y cuáles son esos problemas? Dicen que la "bola" es cada vez más grande. Se multiplican, en lugar de reducirse, las aulas prefabricas y solo se ha oído hablar de un plan de infraestructuras educativas, pero sin ninguna concreción.
José Manuel González de SIDI, confirma que a la Junta de Personal se le ha comunicado la existencia del plan, pero tienen una "falta absoluta de información con este tema". También ha señalado la necesidad urgente de elaborar un “plan de climatización de las aulas”.
A todo esto se suman impagos de los meses de verano a los interinos, reconocidos por sentencia, hace diez años. O la paralización del abono de la carrera profesional. Todos ello con profesores enterrados en papeleo y burocracia variada.
Vladimir Solá, representante del STERM, asegura que "el Gobierno Regional está dejando caer la educación pública en picado". Con ratios cada vez mayores y sin aumentos de plantilla, "el poco personal que hay está enterrado en papeles y burocracia". Con todo, el representante sentencia que "la respuesta que da la Consejería de Educación está fuera de la realidad".
Así, Solá ha exigido una doble reducción: una bajada estructural de la ratio “generalizada para todas las etapas, de alumnos por grupo y de alumnos por docente” y otra bajada “específica” para el alumnado con necesidades especiales, que se sume a la anterior y permita un trabajo más personalizado.
Por su parte, María Dolores Caballero, del sindicato ANPE, ha insistido en la necesidad de que Educación abone las diversas deudas que acumula con el personal docente, algunas de ellas, con una década de retraso. Asimismo, ha lamentado, que desde febrero de 2023 no se está abonando la actualización del primer tramo de la carrera profesional.
En cuanto a la atención a la diversidad, Nuria Sánchez, de Comisiones Obreras, ha insistido en que contar con más recursos para ese alumnado vulnerable es vital para prevenir el fracaso escolar y el abandono escolar temprano.
Algunas de las medidas que ha solicitado son que respeten las ratios del profesorado especialista y que se incrementen los recursos, así como contratar a más orientadores y personal de servicios a la comunidad pues, según denuncia, el ratio actual es de un orientador por cada 1.100 alumnos, cuando la recomendación es de uno por cada 250 alumnos.