Algunos dirigentes autonómicos hablan de "deslealtad institucional" y la mayoría reniega de la "financiación singular" catalana que defiende Salvador Illa
El balance que el Gobierno hace de esta Conferencia de Presidentes está muy alejado del término "fracaso". El Ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, cree que no se puede hacer una valoración negativa por la ausencia de acuerdos concretos, porque esa no es la naturaleza de este foro, que nunca, en sus 27 convocatorias, ha llegado a este tipo de decisiones que, además, sólo pueden alcanzarse por unanimidad. Además, dice Torres que ningún presidente autonómico de los que han utilizado ese término ha hecho una propuesta concreta que pudiera ser sometida a votación.
En su análisis de la Conferencia, Torres ha puesto el acento en dos asuntos: inmigración y financiación. De lo primero, y haciendo mención expresa de los datos aportados por Murcia, ha subrayado que las cifras referidas por Fernando López Miras sólo demuestran una cosa: que estamos ante un fenómeno que puede afectar a todo el país y que requiere, por tanto, de una respuesta conjunta.
De hecho, Torres le ha recordado a la presidenta de Madrid que si ella se queja de que el acogimiento de menores inmigrantes le cuesta a su comunidad 56 millones de euros, debería saber que si sufriera la misma presión relativa que Canarias tendría que hacer frente a unos gastos de casi 500 millones.
Respecto a la propuesta de Canarias y País Vasco de habilitar un mecanismo excepcional para aliviar la presión que sufren los centros de acogida de menores en el archipiélago, Torres dice que tendrán que analizarlo pero insiste en que la solución definitiva pasa necesariamente por reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería, de forma que el reparto entre comunidades sea obligatorio. Quienes tienen que dar explicaciones sobre las razones por las que no se ha habilitado ya esa vía son los que votaron en contra en el Congreso de los Diputados.
Sobre financiación, el gobierno es rotundo: primero, Torres está convencido de que son muchas las comunidades que están deseando que el Estado asuma parte de su deuda. Y lo veremos, pronostica, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de enero.
Segundo: aunque todos coinciden en reclamar una reforma del modelo de financiación, el camino no será sencillo, porque tampoco las comunidades gobernadas por el PP se ponen de acuerdo entre ellas.
Y tercero: la política de rebajas fiscales no es ajena a este debate, porque los impuestos forman parte del modelo de financiación. Pedir más dinero, mientras se renuncia a más ingresos para beneficiar a los contribuyentes más ricos, no parece muy coherente:
La primera, del canario Fernando Clavijo que ha agradecido las muestras de solidaridad frente al problema que supone para su comunidad la gestión de los menores migrantes no acompañados, pero que ha lamentado que la reunión de este viernes haya sido una oportunidad perdida. Ni siquiera se ha conseguido un acuerdo para poner en marcha un mecanismo extraordinario y puntual que reclamaban tanto Canarias como País Vasco, que permitiría ganar tiempo hasta encontrar una fórmula permanente:
La segunda, del presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, que ha defendido el modelo de financiación singular pactado con Esquerra Republicana. Illa garantiza que ese mecanismo es solidario con el resto de España y lo contrapone a la política de rebaja de impuestos aplicada por algunos gobiernos autonómicos que ha descrito como un ejemplo de "insolidaridad fiscal"
Y la tercera, del presidente andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla, que ha hecho hincapié en la necesidad de una nueva política de vivienda. Política que, a su juicio, debe pasar por eliminar el IVA para la compra de primera vivienda y rebajar las exigencias medioambientales que ahora existen.
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha cargado contra el modelo de financiación singular para Cataluña y ha defendido su política de rebajas fiscales. Isabel Díaz Ayuso ha reclamado que el Gobierno central "deje en paz" a Madrid y ha rechazado de plano la condonación parcial de la deuda pública acumulada por las Comunidades Autónomas. Dice que sería "desleal e insensato", salvo en el caso de Valencia, para la que admite que el Estado tenga "un gesto" tras los efectos de la DANA.
Precisamente la DANA ha centrado la intervención del presidente valenciano Carlos Mazón. Después de criticar las ayudas que el Ejecutivo central ha autorizado para los afectados, Mazón ha dicho sentirse "en la obligación moral" de reclamar medidas para evitar que lo ocurrido en Valencia pueda repetirse en cualquier otra parte del país.
