El portavoz del grupo parlamentario socialista, José Vélez, ha interpelado al presidente regional en la sesión de control al Gobierno advirtiendo de que la empresa adjudicataria del servicio se ahorra 6 millones al año
El conflicto en el transporte sanitario en la Región ha llegado a la sesión de control al Gobierno en la Asamblea Regional. El portavoz socialista, José Vélez ha acusado a las empresas adjudicatarias, todas ellas del Grupo Generala, de incumplir el contrato que ganaron. El presidente López Miras ha negado esta circunstancia y ha limitado este conflicto a un asunto laboral entre las empresas y los trabajadores
El portavoz socialista ha mostrado todo su apoyo a los trabajadores en sus reivindicaciones de un convenio justo, pero ha asegurado que no sólo están resultando perjudicados los trabajadores sino también los pacientes.
Asegura Vélez que se están incumpliendo sistemáticamente los tiempos de espera establecidos en ese contrato para atender a los ciudadanos, lo que estaría provocando que, en algunos casos, no reciban el tratamiento de manera adecuada.
Según los datos que ha aportado, de media, estas empresas cuentan con 181 conductores menos de los establecidos en la memoria económica del contrato, lo que supone un ahorro, en los ocho de vigencia del mismo, superior a los 50 millones de euros
El presidente de la Región, Fernando López Miras ha contestado aportando como dato que durante 2023, estas empresas realizaron más de 740.000 servicios y solo recibieron 133 reclamaciones. Además, asegura que el servicio se está prestando por los 911 trabajadores comprometidos y las 238 ambulancias para transporte no urgente y las 85 para casos de urgencia
En lo referente a las cuestiones meramente laborales, López Miras ha calificado las reivindicaciones de los trabajadores como justas y ha asegurado que la Consejería de Salud tratará de mediar con la empresa.
El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, asegura que no va a permitir que el Ministerio de Hacienda le impida recurrir a los 115 millones de euros que supondría el 0.3% de déficit plasmado en los presupuestos generales de la Comunidad. Dice López Miras que el Ejecutivo Central está aplicando en este asunto la ley del embudo.
Ha sido su respuesta a la pregunta que le ha formulado el portavoz de VOX. Rubén Martínez Alpañez quería conocer las medidas que el Ejecutivo tiene preparadas en caso de que el Ministerio de Hacienda no acepte ningún déficit y, por tanto, no pueda recurrir a esos 115 millones contemplados en las cuentas regionales.
El Gobierno ofrecía a las Comunidades un déficit del 0,1% y advertía que si el Senado no aceptaba esta cifra, el déficit de las autonomías tendría que ser cero. Finalmente el Senado, con mayoría popular, rechazó esa desviación y ahora el déficit planteado en las cuentas de las autonomías corre peligro.
Para el presidente López Miras, esto es poco menos que una extorsión y asegura que no aceptará que se arrebate ese dinero a los ciudadanos de la Región, especialmente cuando el déficit que se marca el Gobierno para las cuentas nacionales es del 2,9%
La diputada del Grupo Mixto, María Marín ha pedido este miércoles al presidente de la Región, Fernando López Miras, en la sesión de control al gobierno, que rechace la reforma de la Ley de protección del Mar Menor planteada por VOX y acepte la que ha presentado Podemos.
Marín preguntaba al presidente de la Comunidad por el grado de cumplimiento de la ley del Mar Menor y enumeraba todas las iniciativas que, de momento, el Ejecutivo autonómico no ha puesto en marcha. Pero la portavoz del grupo mixto también se preocupaba por la modificación de la ley del Mar menor que ha presentado VOX en la cámara. En este sentido pedía al presidente que la rechazara y se comprometiera con la que también ha presentado su grupo.
El presidente, Fernando López Miras, respondía criticando que ahora en Podemos se muestren tan interesados en esta ley, cuando la actual fue votada en contra por este partido. Además, ha aportado los datos del último informe anual sobre el cumplimiento de esta norma durante 2023, según los cuales, la práctica totalidad de las medidas contempladas están ya en marcha y ha criticado al gobierno central por no hacer nada en aquellas otras cuestiones que son de su competencia como la rambla de El Albujón.
El grupo parlamentario Popular ha interpelado a López Miras sobre "si la tramitación de la Ley de Amnistía pone en riesgo el Principio de Igualdad de todos los españoles".
