La delegación murciana del PSOE pedirá, al igual que los socialistas de Granada, derogar acuerdos con la Santa Sede
El 41º Congreso Federal, que se celebra en Sevilla, se ha estructurado en seis comisiones de trabajo en las que se debatirán y votarán las enmiendas que han propuesto las diferentes federaciones socialistas a la ponencia marco. Francisco Lucas, actual diputado nacional y miembro de la Comisión Ejecutiva Federal, será el ponente de la Comisión 6, en la que se debatirán y votarán las enmiendas a los Estatutos Federales del PSOE. El murciano será el responsable de dirigir la comisión en la que los socialistas decidirán las normas que regularán el funcionamiento de la organización en los próximos años.
Además, María Jesús López, secretaria de Organización del PSOE en la Región de Murcia, será la secretaria de la Comisión 5, en la que se abordarán las enmiendas sobre política europea e internacional. Para el PSOE de la Región de Murcia, "es un auténtico orgullo que dos murcianos formen parte del equipo que liderará las ponencias en las que se ha estructurado el Congreso Federal y, más aún, que uno de ellos vaya a dirigir una de las comisiones más trascendentales para la organización".
Desde la Región, afrontamos el Congreso Federal con ilusión y fortaleza.
— PSRM - PSOE Región de Murcia (@PSOE_RM) November 30, 2024
Cerca de 150 compañeros y compañeras nos hemos desplazado a Sevilla para actualizar nuestro proyecto y coger impulso.#41CongresoPSOE#EspañaAdelantaPorLaIzquierda pic.twitter.com/7JSxFZYZcc
La secretaria de Organización del PSRM-PSOE, María Jesús López. Fuente: @PSOE_RM
En la ponencia marco, el PSOE aboga por derogar el acuerdo de 1979 sobre asuntos educativos y culturales con la Santa Sede, pero en diversas enmiendas los militantes piden ir más allá. Albacete pide que desaparezcan los oficios religiosos en servicios públicos, de hospitales a cuarteles; Madrid, Valencia o Sevilla exigen sacar la religión fuera de las escuelas y poner fin a los conciertos; y Mallorca aboga por acabar con la financiación pública de la Iglesia y con sus exenciones fiscales. Murcia y Granada proponen no quedarse en el ámbito educativo y revisar o derogar el resto de acuerdos con la Santa Sede.