Están previstas 5 tractoradas, una por cada comarca agraria, para pedir que se revisen la PAC y los modelos de seguros agrarios, y la igualdad de exigencias a países terceros
Las carreteras de la Región de Murcia se llenarán de tractores el próximo día 21 de febrero para exigir un cambio radical de la Política Agraria Común, los Seguros Agrarios y las políticas autonómicas para el sector del campo, que se encuentra en una situación "insostenible".
Así lo han indicado los representantes del campo murcianos reunidos en las organizaciones COAG, AJASA y UPA, así como las cooperativas o los exportadores. Este lunes han convocado una rueda de prensa en la que han levantado de nuevo la voz porque con los problemas que arrastran y los que son fruto de la coyuntura (guerra de Ucrania o sequía) "el momento es crítico". Para este martes 6 de febrero un grupo de agricultores independientes han organizado una tractorada con salida desde Mula y que pretende llegar a la ciudad de Murcia.
Para la protesta del día 21 se han fijado cinco itinerarios para acercar las reivindicaciones a los territorios, uno por cada comarca agraria (Altiplano, Noroeste, Valle del Guadalentín, Campo de Cartagena y Vega del Segura), desde cuyos municipios de irán sumando agricultores y tractores, con el objetivo de que la participación sea masiva.
A todos los gobiernos van dirigidas sus peticiones. Al de la Unión Europea, para que acabe con la competencia desleal que se ejerce desde terceros países, según ha explicado Alfonso Gálvez, presidente de ASAJA. Exigirán una revisión de las políticas del "pacto verde europeo" y la revisión del modelo de seguros agrarios. Con su actual diseño se ha llegado a una situación de menos coberturas y mayor precio. Los agricultores, según José Miguel Marín, de COAG, no pueden contratarlos.
Las organizaciones agrarias proponen revisar también la Política Agraria Común (PAC), que ha definido como “endiablada” porque los “ecoregímenes” establecidos están dificultando el acceso a las ayudas, de las que han quedado fuera en torno a la mitad de productores murcianos.
Marín ha insistido en la necesidad de flexibilizar y simplificar el acceso a esas ayudas, así como modificar la estructura de los seguros agrarios, que han dejado de ser, ha lamentado “herramientas de gestión del riesgo”, con pólizas cada vez más elevadas para menores coberturas.
Dicen estas organizaciones que lo que ocurra del día 21 será un punto de partida en un marco de "movilización permanente" hasta lograr avances. Exigen también a la Comunidad Autónoma que, por ejemplo, no ha puesto en marcha la herramienta que le corresponde para controlar el cumplimiento de la cadena alimentaria o la escasez de los fondos directos que dedica al campo, ha añadido Marcos Alarcón, representante de la Unión de Pequeños Agricultores, para que quienes reciben ayudas regionales las hagan efectivas y no terminen por quedarse fuera por falta de fondos.
En el ámbito puramente regional, los agricultores también la necesidad de modificar la actual ley de protección del Mar Menor, aprobada en 2020, ha dicho, “con la mejor intención”, pero que ha demostrado tener aspectos que “están haciendo la vida imposible a los agricultores” y deben modificarse sin rebajar la protección de la laguna salada.
La producción en países como Marruecos, Turquía o Sudáfrica, competidores directos con los productos de España, ha dicho, está generando la llegada al mercado de productos cuyas exigencias “nada tienen que ver” con las impuestas a los agricultores españoles, que pierden la rentabilidad en sus negocios, por lo que ha exigido la revisión de los acuerdos de “libre comercio” para exigir a esos países terceros las mismas condiciones que a los Europeos, lo que se denomina “cláusulas espejo”.
Los agricultores abogan por recuperar el “principio de preferencia comunitaria”, para que los mercados europeos deban abastecerse en primer lugar con productos propios, dando entrada a los de terceros países solo en función de la demanda y con las mismas exigencias.
A nivel estatal, lamentan que las medidas impulsadas para mejorar las condiciones del sector, como la ley de la cadena alimentaria, no han cumplido “con el objetivo fundamental de garantizar que el agricultor venda siempre por encima de los costes de producción y tenga un margen razonable de beneficio”.
Resaltan además el problema de la escasez de agua, y ha lamentado que la alternativa del agua desalada sigue sin suponer una verdadera alternativa para los agricultores.
Las organizaciones animan a todo el sector agrícola y ganadero a participar en la jornada de protesta porque, ha dicho, es con estas movilizaciones como se están consiguiendo avances, y ha puesto como ejemplos el impulso al precio subvencionado del agua desalada, los beneficios fiscales y nuevos sistemas de módulos, ayudas directas como las concedidas al gasóleo o a la compra de fertilizantes, o las articuladas para paliar la situación de sequía o las consecuencias de la guerra de Ucrania.
Podemos-IU/V-AV llevará a la Asamblea Regional de Murcia una moción para exigir que se cumpla la ley de la cadena alimentaria ante la “grave crisis de precios del limón”, con lo que recoge la inquietud que le han trasladado representantes de COAG en la Región de Murcia y pretende corregir el “disparate” que se esté pagando al agricultor en origen 15 céntimos por un kilo de limón y en el supermercado lo tengamos casi a 2 euros.
El diputado Víctor Egío, quien ha anunciado el apoyo de la coalición a las protestas agrarias convocadas para el 21 de febrero, ha exigido al Gobierno de España que multiplique las inspecciones de oficio de la Agencia de Información y Control Alimentarios y al de Murcia que ponga en marcha el Observatorio Regional de Precios “para obligar a las grandes cadenas de distribución a pagar a los agricultores uno justo”, medidas sin las que es "imposible" que aquella ley funcione.