La propuesta incluye identificar a los usuarios de redes sociales y prohibir el acceso en caso de delito grave
JUDIT LÓPEZ PICAZO
Usuarios en redes "debidamente identificados" y prohibición del acceso a quienes cometan delitos de odio "en los casos más graves". Es la propuesta que planteó el fiscal de Sala Coordinador contra los Delitos de Odio y Discriminación, Miguel Ángel Aguilar, en una entrevista en Cadena SER este miércoles.
Y este escenario facilitaría muchas investigaciones judiciales en un contexto de sobreexposición digital y alta difusión de noticias falsas. El asesinato de Mateo, un niño de 11 años, en Mocejón (Toledo) el pasado fin de semana, motivó la publicación de mensajes "falsos" y de "odio" que acusaban a inmigrantes de cometer el suceso, aún antes de que se identificara al asesino, de nacionalidad española.
Aguilar ha asegurado que la Fiscalía está investigando estas publicaciones para determinar si incurren en delitos de odio, pero se debe "analizar cada caso concreto" para determinar "la entidad y gravedad" de los mensajes. Además, afirma que "hay una estrategia, organizada o no, de criminalizar sobre todo a sectores muy vulnerables de la sociedad, a los migrantes, a los menores no acompañados".
En las investigaciones de delitos informáticos, "muchas veces nos encontramos con la dificultad de que la investigación no puede prosperar porque desconocemos quién es el autor", como explica el fiscal de Delitos de Odio.
La Fiscalía de Barcelona ya pidió hace tiempo la prohibición del acceso a redes sociales en el caso de un 'influencer' que grababa y difundía vídeos de personas sin hogar a los que les daba galletas rellenas de pasta de dientes. Fue la primera sentencia en España que contemplaba expresamente la prohibición de acudir al lugar del delito, aunque se tratase de un espacio virtual. Esta decisión del Tribunal Supremo es, según señala Aguilar, un precedente jurisprudencial a las medidas que él propone.
Ahora, Aguilar reitera estas mejoras legales y tilda de "pena proporcionada y necesaria" cerrar el acceso a "aquellas personas que se han servido de utilizar internet o redes sociales para la comisión de un delito". Aunque, para aplicar esta condena, serían necesarios "algunos perfeccionamientos técnicos" en el Código Penal.
Si un contenido en redes supone un hecho delictivo, se puede decretar su retirada y, si no incurre en un delito penal, existen sanciones administrativas. Por otro lado, están los contenidos que no son delictivos, aunque "son odiosos y están afectando indudablemente a las condiciones de tranquilidad y de calidad de vida de muchísimas personas", ha precisado el fiscal.
Aguilar cree que los límites los establece la ley pero "sería bastante peligroso en democracia tener que acotar la libertad de expresión en redes", pero sí se debería "establecer los límites en la vía penal y en el derecho administrativo sancionador". También ha incidido en la importancia de las campañas de sensibilización y prevención desde las administraciones.
