Los expertos desconfían de la efectividad de la nueva norma y de que los cambios vayan a solucionar la ausencia total de vivienda de protección oficial
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de reforma de la Ley Estatal de Suelo y Rehabilitación Urbana, que ahora deberá ser tramitado en el parlamento. El gobierno retoma así una iniciativa que ya había puesto en marcha en la anterior legislatura pero que decayó con el final de la misma. Su apuesta, decía la ministra portavoz Pilar Alegría, es dar estabilidad y seguridad jurídica atendiendo a una reclamación compartida por muchos ayuntamientos del país.
El texto aprobado trata de evitar que un error formal que pueda ser subsanable acabe provocando la nulidad total de un plan general de ordenación urbana. Pero el socio de gobierno del PSOE, SUMAR, tiene un punto de vista crítico hacia esta propuesta, porque entiende que puede dejar la puerta abierta a la convalidación de irregularidades urbanísticas. Más allá incluso va PODEMOS, que sostiene que esta reforma deja vía libre a la cultura del "pelotazo" y a la especulación de los fondos buitres. Así las cosas, el gobierno va a tener que esforzarse durante la tramitación parlamentaria del proyecto si quiere encontrar los apoyos que necesita para sacarlo adelante. Lo admitía la propia Pilar Alegría
Pendientes por tanto de los cambios que la norma pueda sufrir hasta su aprobación definitiva, lo que los expertos con los que hemos consultado nos dicen es que, en líneas generales, la legislación actual no funciona. Por un lado, porque no ha evitado que muchos planeamientos urbanísticos acaben paralizados o anulados por la justicia; por otro, porque no garantiza el suelo suficiente para construir vivienda pública y no ha evitado que el suelo en las grandes ciudades acabe en manos de unos pocos empresarios.
Felipe Iracheta, que es arquitecto urbanista, nos ha explicado que el objetivo del gobierno de dar más seguridad jurídica es muy loable, pero que la estrategia por la que apuesta ya se ha demostrado fallida en la Región de Murcia. Aquí, nuestra ley autonómica ya contempla la posibilidad de aprobar planeamientos urbanísticos con alguna deficiencia. Pero eso no ha servido para evitar que muchos de ellos acaben ante los tribunales como ha sucedido con el Plan General de Cartagena o con varios planes parciales en Murcia.
Algo más optimista es el presidente de la Asociación de Promotores. José Ramón Blázquez cree que si la legislación nacional también introduce la posibilidad de una "aprobación con deficiencias", los tribunales -que utilizan esa norma como referencia- podrían ser más flexibles a la hora de dar luz verde a algunos de esos planes.
Un ejemplo de lo anterior es lo ocurrido con el Pan General de Ordenación Urbana de Cartagena, que fue anulado por el Tribunal Supremo a pesar de que la Comunidad Autónoma lo había aprobado con una larga lista de deficiencias ,tantas, que ocupaban hasta 20 folios.
Pero hay otro efecto que se espera de esta reforma de la Ley del Suelo y es su capacidad para aumentar el suelo disponible para la construcción de viviendas de protección pública.
En esto tampoco tiene mucha confianza Felipe Iracheta que nos recuerda que las promociones públicas decayeron en la época de la burbuja inmobiliaria por la presión del sector privado, y que nunca se han recuperado por la falta de suelo. Tampoco cree que esta norma vaya a acabar con la tendencia de concentración en manos de unos pocos de suelo para edificar en grandes ciudades. Este proceso arrancó con la crisis del ladrillo.
Esto es lo que sucede en Cartagena, donde un solo empresario acumula una parte importante del suelo sobre el que podría desarrollarse el parque de viviendas. En la capital, nos explican los promotores, el problema es distinto. No se construye más porque el suelo es muy caro y su repercusión sobre el precio final de la vivienda es elevado. José Ramón Blázquez.
Al amparo de la nueva Ley del Suelo, el ayuntamiento de Cartagena requerirá la construcción obligatoria en los solares edificables del casco histórico y el Ensanche.
Los propietarios afectados tendrán dos años para iniciar las obras una vez que sean apercibidos. La aplicación de esta antigua ordenanza municipal, que cumple 25 años, se aprobó en el último pleno a petición de MC. El portavoz del grupo; Jesús Gimenez, ponía como ejemplo los grandes solares abandonados durante décadas por constructores como Tomás Olivo
Para que los constructores tengan garantías, el gobierno local pretende aprobar este año el nuevo Plan General de Ordenación Urbana. En una entrevista en Onda Regional, la alcaldesa, Noelia Arroyo, se refería a los trámites pendientes para conseguir actualizar una planificación que data del año 1987
