El consejero murciano de Hacienda Luis Alberto Marín critica la compra de acciones del Ministerio de Hacienda cuando aún debe 70 millones de euros por no actualizar las entregas a cuenta
Tras conocerse la aportación patrimonial de 2.000 millones de euros a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), destinada a comprar acciones de la empresa de telecomunicaciones española, han surgido dudas por parte del Ejecutivo regional. El Gobierno murciano ha exigido al Ministerio de Hacienda que aclare si ha restado recursos, que en un principio estaban destinados a las autonomías, para financiar la entrada en el accionariado de Telefónica.
El consejero de Hacienda, Luis Alberto Marín, en un comunicado difundido este viernes, critica el posible uso por parte del Ministerio de fondos que considera “sobrantes”, que en realidad corresponden a las autonomías, al mismo tiempo que aún debe más de 70 millones de euros de las entregas a cuenta del primer trimestre.
“El Ministerio de Hacienda va a emplear una partida de 1.500 millones de euros que estaba presupuestada para las comunidades y otros 500 millones de euros que se tenían que destinar a las corporaciones locales y que el Gobierno ya ha transferido a la SEPI”, ha expresado el consejero, quien reitera que Murcia es la comunidad “peor financiada y el Ministerio de Hacienda adeuda 71 millones de euros desde principios de año por la no actualización de las entregas a cuenta”.
Señala que, si no se actualiza, la Región de Murcia podría dejar de recibir 284 millones de euros que le corresponden de 2024. Marín reclama al Gobierno de España que el fondo para financiar a las comunidades y ayuntamientos “no se toque”, que actualice "de manera inmediata las entregas a cuenta", y que deje de "castigar ya de una vez a los gobiernos autonómicos y locales”.
En parecidos términos se ha expresado también sobre este asunto el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que ha pedido este viernes que la entrada del Gobierno de España en el Consejo de Telefónica no ponga en riesgo la financiación autonómica y de los ayuntamientos.
En un acto en Albacete, García-Page ha considerado que el Ejecutivo central "tiene que entrar en Telefónica para controlar el asunto" pero no a costa de detraer para ello dinero de los fondos autonómicos y municipales. En este sentido, ha manifestado que quiere pensar que "eso no va en demérito ni va a poner en riesgo los compromisos de entregas a cuenta de la financiación de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos".
De hecho, ha incidido en que esa financiación "no se puede poner en cuestión ni global ni transitoriamente", al tiempo que ha añadido que entiende que se trata de "soluciones de ingeniería financiera y presupuestaria", sobre todo porque no hay posibilidad de aprobar un presupuesto en el Estado.
