La prueba testifical se practicará el próximo 30 de julio en La Moncloa, hasta donde se desplazará el juez que investiga el caso
El juez que investiga a Begoña Gómez por presunto tráfico de influencias ha citado a declarar como testigo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el próximo 30 de julio desde la Moncloa, adonde se trasladará el magistrado para practicar el interrogatorio.
En una providencia dictada el pasado viernes, el mismo día que compareció Begoña Gómez y se negó a declarar en calidad de investigada, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, acepta la petición formulada por las acusaciones populares, dirigidas por Vox, que solicitaban la declaración del jefe del Ejecutivo en calidad de testigo, según informa el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Para practicar el interrogatorio, el magistrado se trasladará al complejo residencial de la Moncloa, en virtud de los artículos 412 y 413 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), que, para algunos cargos públicos como el presidente del Gobierno, recoge la posibilidad de tomar declaración "sobre cuestiones de las que no haya tenido conocimiento por razón de su cargo" en su domicilio o despacho oficial.
La declaración de Pedro Sánchez será grabada, como establece la misma norma, según ha dispuesto el juez Peinado en su resolución. En ella, solicita a los servicios informáticos de la Comunidad de Madrid que se dirijan a la Moncloa el próximo 29 de julio para instalar "los dispositivos necesarios" para que la testifical del presidente del Gobierno "sea recogida en el correspondiente soporte de grabación".
La citación del jefe del Ejecutivo como testigo se produce después de que el pasado viernes su mujer, Begoña Gómez, se acogiese a su derecho a no declarar al no ver suficientes garantías en el procedimiento judicial, como explicó su abogado, Antonio Camacho, a la salida de la comparecencia.
Esta decisión motivó que las acusaciones populares solicitasen la testifical de Pedro Sánchez con el objetivo de conocer qué ocurrió en las reuniones mantenidas por Begoña Gómez y empresarios como Juan Carlos Barrabés -también imputado- en La Moncloa.
El magistrado ha dictado además otra providencia este mismo lunes en la que acuerda imputar al rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache, a quien cita el próximo 29 de julio a declarar, y que ya prestó declaración como testigo hace unas semanas.
Es la segunda vez que el juez cambia la situación procesal de un testigo en esta causa: ya lo hizo el pasado viernes cuando acordó investigar a Juan Carlos Barrabés, adjudicatario de varios contratos que centran la causa, apenas cuatro días después de que prestase declaración como testigo.
De este modo, con Begoña Gómez, son ya tres los investigados en esta causa, abierta por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios tras una denuncia del autodenominado sindicato Manos Limpias, a la que se unieron otras acciones judiciales de acusaciones como la organización ultracatólica Hazteoír.
El PSOE ha adelantado que la decisión del juez Juan Carlos Peinado de llamar a declarar al presidente del Gobierno será recurrida y afirman que estas nuevas diligencias son "injustificadas" y revelan la naturaleza "política" del caso. En un comunicado, señala que todas las diligencias practicadas hasta el momento demuestran que "no hay causa alguna" y así lo indican los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, las testificales practicadas y los recursos presentados por la Fiscalía.
"Estas nuevas diligencias son absolutamente injustificadas y revelan la naturaleza política de este caso. Por eso serán recurridas, como lo han sido el resto de actuaciones", indican avanzando un recurso que a priori debe ser formalizado por la defensa de la mujer del presidente, Begoña Gómez, ya que el PSOE no está personado en la causa.
El PSOE sostiene que este caso constituye una "persecución política orquestada por la derecha y la ultraderecha contra el presidente del Gobierno y su familia" y considera que PP y Vox intentan lograr "con oscuras maniobras" lo que no consiguieron en las urnas en las elecciones generales del 23 de julio de las que ahora se cumple un año.
Consideran que se trata de una causa "orquestada" basada en una investigación "prospectiva" prohibida por la legislación española y "sin fundamento jurídico". No obstante señalan que la justicia "acabará prevaleciendo" y PP y Vox "no se saldrán con la suya". "La verdad y la democracia se impondrán frente a este atropello democrático", añaden.
