Un informe del SEPRONA de la Guardia Civil constata presencia de metales pesados muy tóxicos para la salud con concentraciones de hasta 9.170 microgramos de zinc por litro de agua, 2090 de cadmio o 1180 de estroncio
El juez que instruye la denuncia por la contaminación de las balsas de ZINSA ha ordenado su "sellado inmediato" para evitar que sigan contaminando con metales pesados las aguas que van a parar a la dársena del Puerto de Cartagena. El auto va dirigido a la empresa propietaria, Cartagena Parque, aunque si ésta no toma medidas será la Comunidad Autónoma, a través de la Dirección General de Medio Ambiente, la que deberá ejecutar el sellado para garantizar el cese de los vertidos.
El juez, que rechazó en marzo las medidas cautelares solicitadas por la Asociación de Vecinos de Torreciega, ha cambiado de opinión tras conocer un informe del SEPRONA de la Guardia Civil que certifica que las escorrentías que llegan a la zona arrastran, a su salida, sustancias químicas peligrosas. En concreto, concentraciones alarmantes de metales pesados muy peligrosos, como cadmio, estroncio, zinc o manganeso. Los análisis de la Guardia Civil han detectado hasta 2090 microgramos de cadmio por litro; 9170 de zinc; 1180 de estroncio o 900 de manganeso.
José Manuel Muñoz es el abogado que representa a los denunciantes, la Asociación de Vecinos de Torreciega y explica que "analizaron las aguas antes de entrar al recinto, donde están los residuos, y luego a la salida. Entonces se ha visto que en el tránsito, en el tiempo que están en el recinto, acumulan una serie de residuos tóxicos peligrosos que luego ya van al exterior"
El abogado de la Asociación de Vecinos de Torreciega, José Manuel Muñoz, considera que esta decisión judicial supone la consecución de su principal objetivo, que no era otro que parar de una vez por todas una contaminación muy peligrosa para la salud humana. Ahora, explica Muñoz, habrá que determinar quiénes son los responsables de esta situación, entre los que él señala también a las administraciones: "Es la mayor, podríamos decir, el mayor éxito, la cuestión más importante, que es evitar que los residuos salgan al exterior. Eso es lo más importante. Luego ya, pues ahora habrá que determinar, pues eso, por qué se ha llegado a esta situación y quiénes son los responsables de esta situación. ¿Es solo Cartagena Parque o son también responsables la Administración por omisión? Nosotros consideramos que sí, que la Administración tiene bastante responsabilidad en esto".
Y es que, en su opinión, estamos ante un rotundo fracaso de la Administración Regional que, a pesar del tiempo transcurrido, no ha hecho nada por proteger ni el medio ambiente ni, lo que es más grave aún, la salud de los ciudadanos, cuando no hay duda alguna de que la exposición sostenida a estos niveles de metales pesados provoca cáncer: "que las medidas cautelares de protección a los ciudadanos tenga que adoptarlo un juez, lo que nos está indicando es el fracaso de la Administración. Es decir, la Administración no ha hecho lo que tenía que hacer y entonces va un juez y le dice «Oye usted, aquí se está cometiendo un delito y esto hay que evitarlo». Pero que realmente estamos ante el fracaso de la Administración. La Administración ha tenido tiempo suficiente, tiene los medios suficientes para haber solucionado esto hace muchísimos años"
La Consejería de Medio Ambiente asegura no tener constancia todavía del auto judicial que ordena a la Comunidad proceder de manera "inmediata" al sellado de las balsas de Zinsa y se reserva cualquier valoración al respecto, aunque anticipa su voluntad de acatar la resolución judicial y dice estar dispuesta a ejecutar el sellado con carácter subsidiario.
La Consejería asegura que ya están en marcha todas las medidas que garantizarán la descontaminación de Zinsa y defiende la "contundencia" con la que ha actuado en esta materia, exigiendo a los propietarios de los terrenos que aporten la documentación necesaria para poner en marcha el proceso. Según Medio Ambiente, habrían sido precisamente los propietarios los responsables de entorpecer los trabajos presentando recursos o aportando información incompleta.
El Gobierno regional insiste en defender su intervención y recuerda que el pasado mes de junio exigió a la empresa Cartagena Parque una serie de actuaciones complementarias, que ampliaban las impuestas hace cinco años, para garantizar la seguridad de las personas y la protección del medioambiente hasta la ejecución del proyecto definitivo de descontaminación.