Es la fecha señalada para el inicio del proceso en el que está imputado el expresidente de la Comunidad por presuntas irregularidades en la construcción y gestión de la desaladora
El expresidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, se sentará en el banquillo el próximo 9 de julio. Esa es la fecha señalada para el inicio del juicio en el que está imputado por el llamado caso La Sal II de presuntas irregularidades en la construcción y gestión de la desaladora de Escombreras, según han confirmado fuentes judiciales a Onda Regional.
El fiscal pide para Valcárcel hasta 11 años y medio de prisión, 20 de inhabilitación absoluta y 27 de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un presunto delito de prevaricación continuada, otro delito continuado de fraude y un tercero de malversación de caudales públicos. La acusación popular, que ejerce el letrado Diego de Ramón, a instancias de quien se produjo la investigación, lo elevada hasta 15 años de cárcel y otros tantos de inhabilitación.
La administración regional ha pasado de ser responsable civil a perjudicada a lo largo de todo el proceso. La sesión señalada para el 9 de julio es de la vista para una posible conformidad, en la que no se citan testigos, solo al acusado por si hubiera reconocimiento de hechos. De no haberlo se vuelve a señalar.
Hay que recordar que la magistrada del juzgado de Instrucción número 1 de Murcia, en el auto notificado el 17 de octubre y recurrido por Valcárcel, acordó que continuara el procedimiento contra el expresidente de la Comunidad, investigado en las segundas diligencias abiertas tras la denuncia de irregularidades en el proyecto de la planta desalinizadora de Escombreras. Estas diligencias tienen su origen en las instruidas en el juzgado de Instrucción número 5, de las que se dedujo testimonio para investigar la participación del expresidente en los hechos allí denunciados.
Esa primera investigación se centró en los miembros del consejo de administración del Ente Público del Agua y la Empresa Pública de la Desaladora de Escombreras, entre ellos el ex consejero de Agricultura y Agua y presidente del Ente, Antonio Cerdá, en lo que la resolución denomina "parte pública"; y los administradores o representantes de las mercantiles, o "parte privada". El segundo procedimiento, dirigido contra el ex presidente, fue inicialmente archivado en enero de 2021 y posteriormente reabierto tras un recurso de apelación del Ministerio Fiscal.
