CCOO espera un cambio normativo de la Ley de Derechos y Deberes de los Usuarios de la Sanidad Pública para incluir en ella un régimen de multas para los agresores
La Consejería de Salud incluirá en la nueva ley un régimen sancionador administrativo para castigar las agresiones al personal sanitario cuando estas no alcancen la consideración de delito penal. Los hospitales y centros de salud ya disponen de vigilantes, del llamado botón del pánico y, a excepción del área 7 aún en tramitación, de sistema de vigilancia con cámaras.
Este lunes, 11 de marzo, se ha dado un nuevo empujón al II Plan de Prevención y Atención frente a las agresiones de personal sanitario en una reunión que ha presidido el consejero, Juan José Pedreño. En 2023 se produjeron 7 agresiones más que el año anterior, lo que supone una desaceleración sustancial respecto de ejercicios anteriores.
Las cifras muestran cierta estabilización respecto a la subida de los últimos años, lo que es una prueba del carácter disuasorio de las medidas implementadas, aunque sigue siendo necesaria la tolerancia cero. "Una agresión a un profesional de la sanidad es una agresión a todo el sistema sanitario, es más, lo produce incluso a los propios ciudadanos", destaca Pedreño.
En 2023 se produjeron 499 agresiones que afectaron a 587 trabajadores sanitarios, frente a las 492 que se produjeron en el ejercicio anterior. "Vemos una estabilización y un cambio en la tendencia alcista de los últimos años", según Pedreño, quien ha apostado por ello por "insistir en medidas para evitar no solo que los casos no aumenten, sino para que haya una tolerancia cero".
El nuevo plan aborda la prevención de este tipo de situaciones desde distintos puntos de vista, que incluyen aspectos de formación e información a los propios trabajadores, pero también a la sociedad. Igualmente, se incluyen medidas de diseño del puesto y organizativas para mejorar la asistencia, e iniciativas de seguridad como la colocación de cámaras en espacios comunes, la presencia de vigilantes de seguridad en los centros hospitalarios y centros de salud, y el uso de botones 'antipánico'.
El consejero ha puntualizado que la cámara de seguridad ya está instalada en algunos centros, de forma que este II Plan contempla su uso en los espacios comunes de los centros sanitarios.
En lo que respecta al botón 'antipánico', Pedreño ha señalado que ya existe y está instalado en los ordenadores de los profesionales sanitarios. No obstante, ha explicado que el servicio de prevención de agresiones ha agilizado su uso poniendo un icono que el profesional puede activar de forma más rápida.
El plan recoge las actuaciones a desplegar tras una agresión a un profesional de la salud y la atención que recibirán los trabajadores agredidos (asistencia sanitaria, psicológica y asesoramiento jurídico), pero también las medidas que podrán llevarse a cabo con el agresor. Dichas medidas incluyen el envío de carta reprobatoria, el cambio de médico y enfermero y también el posible cambio de centro de asistencia si las agresiones son reiteradas.
Otra de las novedades de este II Plan es que, cuando tiene lugar una agresión, podrá denunciarla "cualquier persona del centro que conozca los hechos o que los haya presenciado". Incluso, podrá denunciarlo el responsable del centro que conozca los hechos, según Pedreño, quien ha adelantado que la Consejería está trabajando para que sea el propio SMS o la administración la que pueda llevar a cabo estas denuncias.
"Queremos dar un mensaje de apoyo a los sanitarios y que sientan el respaldo de la administración, porque entendemos que ninguna agresión tiene justificación", ha aseverado.
El plan cuenta como novedad con la inclusión en la futura Ley de Salud de la Región de la tipificación de las agresiones como infracciones administrativas y un cuadro de sanciones administrativas que se aplicarán tras la aprobación de la nueva normativa sanitaria, según Pedreño, quien ha recordado que la anterior Ley data de 1994.
En lo que respecta a este régimen sancionador, el consejero ha puntualizado que los técnicos están elaborando esta nueva Ley de Salud y, en el momento en el que se tramite y entre en vigor, se pondrán en marcha los regímenes recogidos en ella.
En cuanto a los plazos, Pedreño ha recordado que el texto tiene que pasar por los distintos agentes sociales para su revisión, así como por la Asamblea Regional para su tramitación y aprobación. "Sí que anticipo que recogerá una serie de sanciones administrativas con un régimen sancionador", según Pedreño, quien ha puntualizado que se podrán sancionar y tipificar "aquellas agresiones que no pueden contemplarse como delito y que quedan sin ningún tipo de responsabilidad".
El consejero ha destacado que "la prevención de las agresiones al personal sanitario es cosa de todos y nos afecta a todos, porque un episodio violento en un centro sanitario supone, en la mayoría de los casos, una disrupción de su normal funcionamiento, lo que provoca retrasos en la asistencia al resto de pacientes, a veces la suspensión de consultas, y en los casos más extremos, periodos de baja de los profesionales".
El nuevo Plan de Prevención y Atención frente a Agresiones a Profesionales del Servicio Murciano de Salud introduce, como principales novedades, una redefinición de las agresiones que incluye en este capítulo el acoso que los trabajadores sanitarios pueden sufrir a través de las redes sociales o los daños que se puedan causar a sus bienes (por ejemplo, a sus vehículos particulares). La norma abre también la puerta a cambiar de centro de adscripción a los agresores.
El plan, que el Servicio Murciano de Salud y la Consejería llevan años negociando con los sindicatos, está ya listo para su presentación. Incluye un aumento de las medidas de seguridad: habrá cámaras y vigilantes de seguridad en todos los centros de salud e incluso en aquellos consultorios más conflictivos. También se implantará una aplicación denominada ALER-COPS que permite a los profesionales conectar directamente con las fuerzas de seguridad y se permitirá a los equipos de emergencias abandonar el lugar dónde haya sido requerida su intervención en el caso de que perciban una amenaza para su integridad física explica Mario Moreno ha representado al sindicato CCOO en la negociación.
El plan introduce algunos cambios importantes a la hora de definir la responsabilidad de los usuarios, de la que ya no estarán exentos aquellos pacientes psiquiátricos que se encuentren bajo tratamiento. También modifica la tipificación de lo que se entiende como una agresión, para incluir como tal los daños que un usuario cause sobre sus bienes o el acoso en redes sociales. Además, a la posibilidad ya prevista de que un profesional agredido pueda cambiar de centro de trabajo, se sumará la opción de que sea el agresor el que se vea obligado a cambiar de consultorio.
Mario Moreno asegura que CCOO está muy satisfecha con los términos en que se ha acordado la redacción de este plan. Tiene también confianza en que el Gobierno regional cumplirá su compromiso de cambiar la Ley de Derechos y Deberes de los Usuarios de la Sanidad Pública para incluir en ella un régimen de multas para los agresores. Esperan que esa modificación pueda estar en vigor a lo largo de este mismo año.
Lo único que ha quedado en el aire es la constitución de un Observatorio de las Agresiones al personal Sanitario. Existe un compromiso para avanzar en esa línea, pero sin fechas ni plazos. Dice Mario Moreno que sería una herramienta muy útil para analizar las causas últimas del fenómeno y para tratar de prevenirlo. Eso permitiría saber hasta qué punto las demoras en la atención o ciertas actitudes de los trabajadores del sistema sanitario pueden contribuir a fomentar una respuesta violenta por parte de los usuarios.
Durante 2023, 769 agresiones a médicos se comunicaron a los colegios profesionales. Las cifras han disminuido un 9% en comparación con 2022, y solo en poco más de 300 casos se presentó denuncia ante los organismos competentes. Mañana, 12 de marzo, se celebra el día europeo contra las agresiones en el ámbito sanitario.
Y hoy, lunes 11 de marzo, se cumplen 15 años de la muerte a tiros de la doctora María Eugenia Moreno, asesinada en Moratalla. Su viudo, Emilio Fernández, cree que los gobiernos central y autonómicos deben revisar el sistema en el que se producen esperas de un año para el especialista , según relataba él en primera persona. Situaciones que llevan a los pacientes a cometer esas agresiones. Dice Emilio Fernández que nadie debe morir realizando su trabajo.
Es solo la punta del Iceberg, según la organización Médico Colegial que hoy ha presentado su informe anual. Las agresiones que se comunican son muy pocas con respecto a las que realmente ocurren. En todo caso, el presidente de la organización médica colegial, Tomás Cobos, cree que se están dando pasos para atajar la situación gracias, entre otras medidas, a la colaboración con las fuerzas de seguridad del estado. También hemos escuchado el testimonio muy emotivo de la psiquiatra Victoria Muñoz, que sufrió una paliza por una de sus pacientes: "no somos súper héroes", afirmaba.
