La ministra de Transición Ecológica Teresa Ribera explica que esperaban la sentencia del TJUE que declara que España incumplió la directiva de contaminación por nitratos provocados por la agricultura y la ganadería
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha condenado a España por no haber prevenido la contaminación por nitratos provocada por la agricultura y la ganadería entre los años 2016 y 2019. La sentencia concluye que en ocho comunidades autónomas, entre ellas la Región de Murcia, no se aplicó de forma adecuada la normativa europea sobre control de uso de nitratos.
Con este fallo se cierra un asunto que enfrentaba a España y la Comisión Europea desde hace años, cuando Bruselas impuso una sanción a nuestro país por el incumplimiento de la normativa de nitratos. Aquella decisión fue recurrida ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ahora ha estimado parcialmente algunas de las reclamaciones de España, pero que da la razón a la Comisión Europea en lo esencial al concluir que no se aplicaron las medidas adicionales o reforzadas que la situación requería.
La sentencia considera probado que la calidad del agua no mejoró durante el periodo 2016-2019 en comparación con los datos recogidos a finales de 2015. En el caso concreto de la Región de Murcia, el tribunal coincide con la Comisión Europea en que el episodio de anoxia que el Mar Menor sufrió en octubre de 2019, aunque se produjo fuera del periodo temporal que se analiza, vino a demostrar esa mala evolución. Cita también la Ley de Protección del Mar Menor, aprobada meses más tarde, en 2020, porque en ella -afirma- se "reconoce explícitamente que las medidas del programa de acción existentes en aquel momento no eran suficientes para prevenir y corregir la contaminación causada por los nitratos en la masa de agua subterránea" del Campo de Cartagena.
Añade que las mediciones incluidas en el informe que España elaboró sobre el periodo 2016-2019 "no permiten constatar que la situación en las zonas vulnerables haya mejorado con respecto a los datos resultantes del informe 2012-2015". Aunque las aguas subterráneas ofrecían una ligera mejoría, habían aumentado notablemente los puntos de medición de aguas superficiales que notificaban valores con más de 50 miligramos de nitratos por litro.
El eurodiputado murciano del PSOE, Marcos Ros, afirma que la sentencia es un varapalo para la gestión del gobierno murciano al vincular su mala gestión con los episodios de anoxia. En una entrevista en el programa 'Plaza Pública' de Onda Regional, Ros ha indicado que el fallo señala que la Comunidad no tomó cartas en el asunto para evitar la contaminación del Mar Menor.
A Ecologistas en Acción no le pilla de sorpresa esta condena. Su portavoz, Pedro Luengo, recuerda que llevan años alertando sobre el uso de nitratos y sus consecuencias en la Región de Murcia.
La Ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha dicho este jueves que el gobierno llevaba tiempo esperando esta sentencia, que sólo viene a reforzar los criterios de actuación del propio ejecutivo, que se ha marcado como objetivo irrenunciables la "drástica reducción de los niveles de contaminación por nitratos".
Dice Ribera que por esa razón su Ministerio fue muy estricto al declarar el mal estado cualitativo de algunas masas de agua subterráneas. También el Ministerio de Agricultura ha tomado cartas en el asunto para tratar estimular un uso más cuidadoso de los abonos nitrogenados. Ahora, afirma Ribera, lo que hace falta es que las Comunidades Autónomas colaboren.
El Gobierno regional asegura se está enfrentando al problema de la contaminación por nitratos "con medidas efectivas". Es lo que sostiene el portavoz del ejecutivo, el consejero Marcos Ortuño, que recuerda que la sentencia condena al reino de España, no solo a la región de Murcia.
En declaraciones durante la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno de este jueves, Ortuño ha recordado que el periodo al que hace referencia la sentencia del tribunal europeo es de 2016 a 2019, justo antes de que el Ejecutivo murciano se pusiese manos a la obra para la recuperación del Mar Menor, lo que significaba reducir la contaminación por nitratos en el campo de Cartagena.
Ortuño ha defendido además que la contaminación de los acuíferos “no responde a las prácticas actuales de la agricultura”, un sector que se ha modernizado para ser más eficiente y menos contaminante : “No se cultiva hoy igual que hace 40 años”, ha resumido.
En cualquier caso, ha insistido en que “la Región de Murcia no ha estado ni está de brazos cruzados”, sino que tiene en marcha numerosos programas de actuación. En el caso del Campo de Cartagena, donde la contaminación afecta de manera especial al acuífero cuaternario y, por tanto, al Mar Menor, existe ya un completo programa específico de actuación, con medidas de especial protección, como es la citada ley, que permite reforzar los controles para evitar vertidos contaminantes, ha indicado.
No obstante, Ortuño ha recordado que la sentencia no se refiere en exclusiva a la Región de Murcia, sino que hay otras siete comunidades autónomas señaladas (Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Baleares, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid) y la condena se ha impuesto al reino de España, no a los diferentes territorios.
La vicesecretaria general y portavoz del PSOE en la Región, Carmina Fernández, asegura que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dado un "varapalo" a López Miras "por no cumplir con su responsabilidad y consentir la contaminación por nitratos, lo que ha provocado desastres ambientales como la degradación del Mar Menor".
Lo ha afirmado después de que el Tribunal de Justicia de la Unión haya señalado en una sentencia que España incumplió la directiva europea relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de la agricultura y la ganadería.
Fernández ha asegurado que la sentencia "es muy clara" y ha insistido en que el Gobierno regional está "incumpliendo tanto la directiva europea, como la Ley del Mar Menor aprobada en la Asamblea Regional, que establecía un plazo de tres meses para la aprobación del programa de zonas vulnerables a la contaminación por nitratos. Dice la portavoz socialista que lo tienen paralizado de forma deliberada desde febrero de 2023.
