A las mercantiles señaladas, entre las que se encuentra el grupo Ricardo Fuentes, se les acusa de blanquear beneficios y de delitos contra la salud pública
La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha propuesto juzgar a ocho personas y a doce empresas, entre ellas el grupo Ricardo Fuentes, por la comercialización de atún rojo procedente de la pesca ilegal. Se les acusa de blanquear beneficios y de varios delitos contra la salud pública.
Entre los investigados figuran los responsables de Ricardo Fuentes y del Grupo Pescnortmar así como un guardia civil a los que se imputan hechos presuntamente delictivos vinculados a la pesca y a la adulteración de atún con aditivos. La jueza menciona delitos de falsedad documental, contra la salud pública, contra la fauna, contra los consumidores, descubrimiento y revelación de secretos, participación en organización criminal y blanqueo de capitales.
El grupo de empresas Ricardo Fuentes es uno de los principales exportadores mundiales de atún rojo, tiene su sede en Cartagena y diferentes granjas de engorde en las provincias de Murcia, así como en Malta y Túnez y almadrabas en Cádiz, Marruecos, Italia y Portugal.
El auto explica que parte de la actividad de esta trama se llevaba a cabo de manera legal, de acuerdo con la normativa administrativa mientras que, otra parte, se realizaba de manera irregular introduciendo en el mercado atún pescado ilegalmente, con omisión o falsificación de los documentos para su captura o venta.
Para introducir el género capturado de forma irregular o procedente del exceso gestionado en sus granjas de engorde recurrían a falsedades documentales de diversa índole. La juez señala que la investigación ha permitido acreditar las "pésimas condiciones de salubridad" en las que se encontraban las instalaciones donde se acumulaba el pescado.
A esto se suma el hecho, dice, de que durante el transporte el género no cumplía con unas mínimas condiciones de higiene. De hecho, una intoxicación alimentaria puso en alerta a los investigadores sobre el origen y manipulación del atún rojo. El auto judicial da un plazo de diez días a la Fiscalía y a las acusaciones para que soliciten la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa.
