En la primera vistilla, los magistrados han suspendido la pena para cuatro de los usuarios de la red de explotación sexual. La Fiscalía se ha opuesto a la suspensión de una de las 'mamis' y del empresario Juan Castejón
De nada ha servido que la Fiscalía, en la vistilla celebrada este lunes en la Audiencia Provincial, se haya opuesto a la suspensión de las penas de prisión a las que fueron condenados: la Sala ha aplicado el criterio de que las condenas que no superan los dos años de prisión pueden ser eludidas siempre y cuando se cumplan unas condiciones que, por otra parte, resultan bastante livianas: los empresarios deberán pagar la multa impuesta, no volver a cometer delitos, no podrán comunicarse con las víctimas y tendrán que hacer un curso de "reeducación sexual". Así se ha resuelto el caso concreto de uno de los condenados, el que fuera vicepresidente de la patronal de Cartagena, Juan Castejón.
La magistrada Concepción Roig explicaba los términos: "Con la venia del señor Presidente Juan Castejón, le vamos a conceder la suspensión de pena de una forma provisional y por último se tiene usted que someter a un programa de reeducación conductual en materia sexual evidentemente el que usted cuente su satisfacción con menores, pues es una cosa que no es lo correcto".
El propio Castejón solicitaba esta medida de gracia con el argumento de que tiene que hacerse cargo de sus empresas: "En primer lugar soy empresario porque desde siempre lo he sido y tengo varias empresas y todavía digamos que que la Presidenta todavía".
Idéntica decisión se ha adoptado para otros tres de estos empresarios que abusaban de menores de edad. La Fiscalía ha anunciado que recurrirá esta decisión, pero sus defensas se quejan de la presión que se ejerce contra sus patrocinados desde la calle, y recuerdan que han sufrido un proceso judicial de 10 años disparatadamente largo: José María Caballero Salinas y Joaquín Sánchez.
Alguna posibilidad de éxito puede tener la Fiscalía en el caso de los integrantes de la red que se dedicaba a captar a las menores para prostituirlas. La Audiencia estudiará la petición del ministerio público para que no se suspenda la condena contra Karina Dorado, la principal responsable de esa organización, que hoy pedía perdón por sus actos.
Lo que distingue este caso del de los empresarios es que aquí no hay una única condena a prisión, sino que se acumulan ocho penas por otros tantos delitos, todas ellas en el límite de los dos años de cárcel. Si se decidiera ejecutar la pesa, estaríamos hablando de 16 años de prisión.
El teniente fiscal José Francisco Sánchez Lucerga decía este lunes que no se puede volver a fallar a las víctimas: "El sistema no puede volver a defraudar a estas chicas que en su día eran menores y fueron prostituidas".
Mientras, a las puertas de la Audiencia Provincial una veintena de manifestante pedía que los condenados ingresaran en prisión. Este martes está previsto que continúe la vistilla del resto de condenados con una segunda sesión.
Desde Podemos piden una sentencia ejemplarizante para los empresarios que abusaron sexualmente de menores. La secretaria autonómica de derechos sociales, Elvira Medina exige que se revisen los procedimientos que permiten este tipo de acuerdos de los que se benefician proxenetas y violadores de menores.
