La ley de amnistía volverá a la Comisión de Justicia del Congreso por el rechazo de los nacionalistas catalanes que dirige Carles Puigdemont con 350 votos emitidos, 171 votos a favor y 179 en contra
La proposición de Ley Orgánica de Amnistía ha sido rechazada este martes en el Congreso de los Diputados y enviada de vuelta a la Comisión de Justicia, que ahora tendrá un mes para reformar el texto y devolverlo al Parlamento para intentar su aprobación en una segunda votación.
Han sido 171 a favor, 179 en contra. La balanza se ha inclinado del lado del no porque al rechazo previsible de PP y VOX se ha unido en el último momento el de Junts, que justificaba su negativa con estos argumentos de la diputada Miriam Nogueras: "no a la ley porque no podemos dejar a todo el independentismo catalán expuesto a las arbitrariedades de la cúpula judicial".
"Este texto es un buen punto de partida y sería suficiente en una democracia plena en la que no hubiera injerencias. Pero ustedes saben que esta ley tiene agujeros; agujeros que la justicia prevaricadora española puede aprovechar para dejar la amnistía en papel mojado. Si hoy podemos quitarles la pelota, ¿por qué la ponemos en el punto de penalti?. Si lo podemos corregir, lo corregimos", explicaba Nogueras.
Lo que Junts reclamaba eran más cambios en la Ley para asegurar que los delitos de terrrorismo o de alta traición que el juez Garcia Castellón trata de atribuir a Carles Puigdemont y a la actuación de Tsunami Democratic y los CDR, estarían amparados por la amnistía. Pretendía también algunas modificaciones en el mecanismo de aplicación, para tratar de impedir que la presentación de una cuestión prejudicial ante la justicia europea pudiera retrasar su entrada en vigor.
Confirmada la devolución de la norma a la Comisión de Justicia, han llegado las reacciones: la primera, la de un sorprendido ministro de Justicia, Félix Bolaños, que dice no entender el cambio de posición de Junts, a los que pide que reconsideren su actitud.
El presidente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha eludido responder a las preguntas de los periodistas que le pedían que calificara el voto en contra de Junts y sus posibles consecuencias. Pero insiste en que para ERC esta era una ley que resolvía suficientemente los problemas planteados y que, además, tenía la solidez necesaria para superar cualquier filtro jurídico.
En el otro lado, los de quienes se oponen a la ley, el portavoz del PP, Miguel Tellado, que no ha dudado en pedir al PSOE que aproveche este revés para paralizar definitivamente la tramitación de la Amnistía.
Antes, durante el debate parlamentario, ya habíamos podido escuchar argumentos similares. Los populares, que han retirado sus enmiendas para permitir que su líder Alberto Núñez Feijoó tuviera la última intervención del debate, han insistido en presentar la ley como el pago del PSOE al nacionalismo catalán. Un pago que se convierte, decía Nuñéz Feijoó, en una humillación diaria para el gobierno.
En esa misma línea, el presidente de VOX, Santiago Abascal, que ha aprovechado su turno para lanzar una carga de profundidad al PP, al que vuelve a afear la tibieza con la que, en su opinión, se opone al gobierno de Pedro Sánchez.
Mientras tanto, el PSOE defendía la iniciativa. Lo hacía el diputado Francisco Aranda, que presentaba la proposición de ley como una respuesta a los problemas generados por un gobierno del PP. Con el PSOE se han alineado todos los grupos de izquierda y todas las formaciones nacionalistas a excepción de Junts. La diputada de Esquerra Republicana, Pilar Vallugera, argumentaba que poner pegas a la norma supone “caer en la trampa de ir modificándola por intereses espurios”.
Mención aparte merece la intervención del diputado de Sumar y dirigente de En Comú Podem, Gerardo Pisarello, que no ha dudado en arremeter contra el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, al que acusa de haber descubierto lo que ha descrito como "terrorismo retrospectivo" justo cuando se habían producido avances que debían haber sido definitivos para la aprobación de la ley de amnistía.
El PP ha llegado a pedir la inmediata dimisión del Ministro de Justicia, Félix Bolaños por estas manifestaciones de un diputado de SUMAR. Miguel Tellado lo considera “inhabilitado” a un día de negociar con él en Bruselas el desbloqueo del Poder Judicial. Lo cierto es que Bolaños, que no ha intervenido durante la sesión, lo ha hecho nada más terminar el pleno.
El Gobierno no tiene previsto alterar su calendario y confía en poder presentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2024 el próximo mes de marzo, pese al revés que ha puesto la decisión de Junts de no apoyar la Ley de Amnistía este martes en el Congreso, lo que obliga a seguir negociando esta norma con los de Carles Puigdemont.
Fuentes gubernamentales admiten que, tras lo sucedido en el Pleno, hay que esperar a ver "cómo respiran" los miembros del Junts. Ahora la proposición de Ley de Amnistía volverá a la Comisión de Justicia de la Cámara, que cuenta con un plazo máximo de un mes para emitir un nuevo dictamen y elevarlo al Pleno.
La intención del Ministerio de Hacienda es presentar el proyecto presupuestario en marzo, pero antes quiere tener garantías de que sus socios parlamentarios no registrarán ni apoyarán ninguna enmienda a la totalidad, para que puedan, por lo menos, arrancar su tramitación en el Congreso. Así, las cosas, si el calendario no se altera, todo indica que la negociación sobre la ley de amnistía y la búsqueda de esas garantías para no obstaculizar los Presupuestos podrían solaparse.
La tramitación parlamentaria de unas nuevas cuentas suele durar en torno a los dos meses y medio y la idea de Hacienda es que, tras su paso por el Congreso, el proyecto se remita al Senado en mayo y se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en junio para su entrada en vigor. Es el tope, ya que ir más allá se solaparía con la próxima senda de déficit y la presentación de los Presupuestos de 2025.
En todo caso, desde el Gobierno mantienen que el 'no' de Junts a la Ley de Amnistía no tiene por qué anticipar el final de la legislatura y recalcan que la convocatoria de elecciones corresponde al presidente del Gobierno, que está decidido a seguir adelante.
Al ser preguntado sobre si la legislatura está en riesgo, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha hecho hincapié en que al Gobierno de coalición le quedan "tres años y medio" de andadura.
