Antonio Gómez-Fayren, presidente del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, asegura que "en ese tipo de reclamaciones es fundamental que haya un informe o dictamen pericial de parte que no se suele aportar"
Las reclamaciones patrimoniales a la Administración Regional acapararon más de la mitad de los expedientes resueltos el pasado año por el Consejo Jurídico de la Región de Murcia. Exactamente fueron el 62% de los 410 expedientes que analizó y sobre los que dictaminó este órgano consultivo.
La mayor parte de esas demandas sobre responsabilidad patrimonial están centradas en el área de la Sanidad, concretamente 124, aunque también hay reclamaciones en el ámbito escolar o de carreteras explica Antonio Gómez-Fayren, presidente del Consejo Jurídico de la Región de Murcia.
Gran parte de esas reclamaciones acaban sin resultado para el demandante, porque en el proceso de consulta jurídica no se aporta un informe pericial que demuestre que el mal funcionamiento del servicio público es el causante del daño o perjuicio.
Está abierta la vía contencioso-administrativa por si puede acabar demostrándose, pero la experiencia, apunta Gómez Fayrén, es que la vía judicial, con la misma documentación, acaba también desestimando la demanda. Además se han visto muchas resoluciones de oficio, resoluciones de contrato y otro tipo de actividad administrativa que exije informe preceptivo del Consejo como las de la actividad ganadera a las que está obligada la Consejería de Agricultura
El Consejo cumple 26 años desde su creación. En febrero del pasado año se incorporaron 2 nuevos consejeros, aunque aún faltan por renovar algunos en la Asamblea Regional.
