Hernández, presidente de la organización cívica, señala que "vamos para seis años y esto no avanza, ahora no vamos a buscar quien persigue a quién"
La última gran inundación de la Vega Baja del Segura, ya en la valenciana provincia de Alicante, fue a consecuencia de la DANA de 2019. La cara más visible de aquel episodio en nuestra comunidad fueron las inundaciones de Los Alcázares, San Javier y San Pedro del Pinatar. Y fue entonces cuando se creó la plataforma cívica Rambla de Tabala para exigir la construcción de una presa en ese cauce.
Comenzaron las reuniones con la Confederación Hidrográfica del Segura, se realizaron los estudios pertinentes e incluso el ministerio liberó parte del presupuesto, pero entonces el organismo de cuenca advirtió que era necesario realizar un nuevo estudio de impacto ambiental. Juan de Dios Hernández, presidente de la Plataforma de Afectados por la Rambla de Tabala, señala en conversación con Onda Regional que "informan de que las obras se van a retrasar entre dos y tres años porque hay que hacer otro estudio sobre el impacto que va a tener la infraestructura sobre la vía del ferrocarril y la autovía del bancal y nosotros vemos atónitos como esto se va demorando en el tiempo".
Desde la CHS, su presidente, Mario Urrea defiende que este estudio medioambiental depende de la Comunidad Autónoma y que, por tanto, la ralentización de las obras depende de ellos, pero los afectados no quieren oír hablar de competencias, sino de resultados. Hernández señala que "vamos para seis años y esto no avanza y ahora no vamos a buscar quien persigue a quién" y añade que "es necesaria más voluntad política", toda vez que reclama más implicación de las administraciones implicadas. Hay "urgencia", insisten, por la peligrosidad que entraña para todos los municipios afectados desde Beniel hasta la Vega Baja del Segura. Una franja de población que podría rondar los ochocientos mil habitantes.
En las últimas horas se ha producido un cruce de reproches entre el Partido Popular que sustenta en la Asamblea Regional en minoría al gobierno autonómico y Confederación Hidrográfica del Segura. Los primeros acusan a la CHS de falta de diligencia para sacar adelante proyectos hídricos para evitar inundaciones y desde el organismo de cuenca critican que algunos de estos proyectos están pendientes de autorizaciones autonómicas.