El ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres reconoce un acuerdo con el de Canarias para distribuir a los menores inmigrantes no acompañados que saturan las instalaciones del archipiélago, Ceuta y Melilla
El gobierno de España ha pactado con el de Canarias una reforma urgente de la Ley de Extranjería para distribuir a los menores inmigrantes no acompañados que saturan las instalaciones de Canarias, Ceuta y Melilla, entre todas las comunidades autónomas. El principio de acuerdo, que tendrá que ser tramitado en el parlamento antes de tener efectos legales, prevé utilizar los criterios de reparto que respaldaron todos los gobiernos regionales en 2022, para distribuir a unos 2.500 menores. Con esos criterios, la Región de Murcia debería acoger a 105 de ellos.
La iniciativa será debatida en una conferencia sectorial con todas las comunidades autónomas, aunque el Ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres ya ha advertido de que la ley habilitará al Gobierno central a imponer el reparto de los menores y proceder su traslado, siempre acompañado por la financiación necesaria para su atención, en el caso de que no hubiera acuerdo.
Canarias acoge en la actualidad a 5.500 inmigrantes menores de edad que llegaron a nuestro país sin la compañía de un adulto. Su capacidad máxima está superada en 2.500 individuos, que son los que correspondería repartir entre el resto de territorios de nuestro país. Se haría, explicaba el ministro Torres, siguiendo inicialmente los criterios aprobados por unanimidad en el año 2022. Según aquel acuerdo a la Región de Murcia le correspondería acoger a un 4,2% del total, es decir, 105 menores.
Quedan flecos jurídicos que ajustar, porque Canarias se inclina por una reforma vía decreto ley -que acortaría los plazos- mientras que el gobierno prefiere tramitar la iniciativa como proposición de ley, como cautela ante la posibilidad de que alguna formación política, en referencia explícita a VOX, pueda decidir llevarla ante el Tribunal Constitucional. En cualquier caso, la modificación de la Ley de Extranjería deberá ser aprobada por el Congreso y el Senado, por lo que tendrá que contar con el respaldo del PP.