El Gobierno creará un grupo de trabajo con C-LM, C. Valenciana, Andalucía y Murcia sobre el trasvase. Ribera avisa de que no se tocarán los caudales ecológicos y, en caso de discrepancias, el ministerio decidirá
Las Comunidades afectadas por el Trasvase Tajo-Segura podrán participar en la elaboración de las nuevas reglas de explotación, que toca revisar en próximas fechas. Lo han anunciado hoy la propia ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, que se han reunido hoy.
La modificación de las reglas de explotación del Trasvase podrían implicar una drástica reducción de los envíos de agua desde el Tajo, sobre todo si se tiene en cuenta la propuesta elaborada por la cátedra del Tajo de la Universidad de Castilla La Mancha.
Si actualmente las reglas de explotación sitúan los envíos en 20 hm3 como máximo en Nivel 3, 27 en Nivel 2 y 60 en Nivel 1, la propuesta de la Universidad castellana, reduce los envíos máximos posibles en Nivel 3 a 8 hm cúbicos, a 11 en nivel 2, y modifica las existencias embalsadas que permiten el paso a Nivel 1.
La participación en la elaboración de estas nuevas reglas de explotación era una petición expresa de los gobiernos autonómicos de Murcia y Valencia. Hoy Carlos Mazón se congratulaba de la postura de la ministra.
Teresa Ribera considera adecuado escuchar a todas las partes con carácter previo pero, en cualquier caso, avisa de que no se tocarán los caudales ecológicos y que, en caso de discrepancias insalvables, será el ministerio el que tome la decisión final.
La ministra ha informado de que esta misma semana el ministerio citará a los directores generales de las comunidades autónomas afectadas para continuar el trabajo.
Tras conocer el anuncio, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, avisaba de que el diálogo "no puede servir" para "retrasar" un compromiso legal, como es rectificar cuanto antes las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura. Aprovechaba la ocasión para recordar que ya ha pasado el plazo de un año que dice la ley en el que es necesario contar con una nueva regulación para esa infraestructura.
