Andoni García, representante de COAG en el Pleno del Observatorio de la Cadena Alimentaria que promueve el Ministerio de Agricultura asegura que las autonomías tienen que acelerar los mecanismos de control
Las organizaciones agrarias salen razonablemente satisfechas del Pleno que este martes ha celebrado el Observatorio de la Cadena Alimentaria que promueve el Ministerio de Agricultura. COAG y UPA admiten que queda mucho trabajo por hacer; que las comunidades autónomas tienen que acelerar la puesta en marcha de sus mecanismos de control y que la Unión Europea debe asumir como propias algunas de las medidas que España ha desarrollado en los últimos años. Pero, por primera vez en treinta años, creen que las instituciones se están tomando en serio el problema de los precios agrícolas y la necesidad de intervenir para garantizar que se cubren costes de producción.
Eso nos dice Andoni García, representante de COAG en el Pleno del Observatorio. Algo ha cambiado en España y Bruselas parece dispuesta a seguir el mismo camino. Probablemente -nos dice- porque las movilizaciones del campo han tenido efecto.
No todas las administraciones avanzan al mismo ritmo. El Ministerio está cumpliendo objetivos conforme a los compromisos adquiridos con las organizaciones agrarias. Pero las Comunidades Autónomas, que también disponen de muchas competencias, todavía tienen "que ponerse las pilas", en palabras de Cristobal Cano, secretario general de UPA en Andalucía.
Lo cierto es que la aplicación de la Ley de la Cadena Alimentaria comienza a dar sus frutos. Los precios de los alimentos empiezan a contenerse e incluso, en algunos casos, se han registrado descensos durante el primer trimestre de este año.
Es un escenario muchos menos alarmante que aquel al que asistíamos hace apenas un año. Los precios se estabilizan e incluso bajan en productos concretos como la leche o las legumbres; los hogares consiguen estabilizar sus niveles de consumo y el gasto, en general, se modera:
Eso no significa que se hayan resuelto todos los problemas: el precio de venta al público es una suma de lo que se paga al productor y de los beneficios que obtiene la cadena de distribución y el propio establecimiento. Y aquí, nos dice el representante de UPA, hay un desequilibrio todavía excesivo. Por eso su organización reclama limitar los beneficios de la distribución.
No es la única petición de las organizaciones agrarias. COAG reclama mayor control sobre lo que denomina "importaciones de choque"
Que es una práctica a la que recurren las grandes distribuidoras que, en momentos puntuales, inundan el mercado con productos de terceros países. Dice Andoni García que esa estrategia puede hundir toda una campaña, ha pasado, dice, con la cebolla murciana este mismo año, pero no siempre se traduce en precios más bajos para los consumidores.
Ese observatorio contra las importaciones que reclama COAG estaría muy vinculado al Observatorio de Precios y Costes que Bruselas -copiando el modelo español- va a poner en marcha con carácter inminente. Ahora sólo falta que se acometa la prometida reforma de la Directiva Marco Europea sobre prácticas desleales para que quede definitivamente prohibida la venta a pérdidas y se asegure al menos la recuperación de los costes de producción.
