Ángel Gabilondo advierte de los problemas de vivienda con especial incidencia en el elevado número de quejas que recibió relacionadas con el Bono Alquiler Joven
Las quejas presentadas por ciudadanos de la Región al Defensor del Pueblo el pasado año aumentaron casi un 13% con respecto a 2022, una cifra similar a la media nacional. Pasaron de 661 a 745, mientras en todo el país se alcanzaron las 35.600. Comunidad Valenciana y Andalucía, con incrementos del 26 y el 23% encabezan el aumento de denuncias, que fue generalizado excepto en Extremadura, Cantabria y Asturias, Ceuta y Melilla.
El responsable de la institución, Ángel Gabilondo, ha advertido también de los problemas de vivienda con especial incidencia en el elevado número de quejas que recibió relacionadas con el Bono Alquiler Joven, sobre todo en comunidades gobernadas por el Partido Popular, como es el caso de Murcia. Señala que la gestión de estas ayudas por algunas consejerías autonómicas fue insuficiente y muchos solicitantes aún no las habían recibido meses después de solicitarlas.
El Defensor del Pueblo ha advertido del elevado número de quejas que recibió en 2023 relacionadas con el Bono Alquiler Joven, ya que la gestión de estas ayudas por algunas consejerías autonómicas fue insuficiente y muchos solicitantes aún no la habían recibido meses después de solicitarla.
Los problemas se han registrado en Murcia, Andalucía, Comunidad de Madrid y Galicia, todas ellas gobernadas por el PP, de acuerdo con la institución. Según sostiene el Defensor del Pueblo en su informe anual, las administraciones autonómicas manifestaron que estaban desbordadas ante el elevado número de solicitudes recibidas y que no disponían de capacidad suficiente para atender la carga de trabajo.
Así, la Comunidad de Madrid indicó que había tenido más de 50.000 solicitudes. En Andalucía se recibieron más de 17.000 en tan solo tres días, lo que, además de dar lugar al cierre provisional de la convocatoria dado el crédito disponible, colapsó su web.
Por su parte, el Instituto Gallego de Vivienda y Suelo comunicó que, en un período de cuatro meses, había recepcionado 14.441 solicitudes.
En su última memoria el Defensor del Pueblo vuelve a denunciar la saturación de los servicios de atención al ciudadano de las administraciones públicas, sin citas suficientes y, en ocasiones, con años de espera para trámites vitales.La mayoría de las quejas se centraron en problemas y retrasos en la administración de justicia, la Seguridad Social, interior, asilo, educación y sanidad.
Son miles las quejas gestionadas por la institución por los problemas para presentar una solicitud de asilo o refugio, conseguir cita en el registro civil o contar con atención personal para realizar gestiones tributarias o de empleo.
Como ejemplo de esta situación, el Defensor tacha de "inaceptable" que haya más de 70.000 expedientes de homologación de títulos universitarios extranjeros pendientes, o que las quejas sobre los retrasos para la valoración del grado de discapacidad se hayan triplicado desde 2019.
El informe destaca también que las quejas relacionadas con el Ingreso Mínimo Vital (IMV) han ido en aumento desde su puesta en marcha y recomienda cambios organizativos y legislativos para garantizar que la prestación llega a todas las personas que la necesitan.
El número de quejas recibidas entre 2021 y 2023 por las listas de espera "se ha más que duplicado" en el sistema sanitario y el Defensor alerta de la "creciente tensión" en la atención especializada, un problema de todas las comunidades autónomas.
Destacan las quejas por los tiempos de espera, la insuficiencia de recursos en salud mental, la saturación de los servicios de atención primaria y de urgencias hospitalarias y las dificultades para acceder a tratamientos de última generación de muy alto coste
Un apartado importante del informe está dedicado a Canarias, que acoge a más de 5.370 menores migrantes no acompañados. El Defensor alerta de que el archipiélago no puede seguir asumiendo en solitario esa acogida y plantea la posibilidad de suscribir convenios con ONG, fundaciones y entidades dedicadas a la protección de menores para atribuirles la tutela de estos niños y adolescentes.
Su propuesta se conoce el día después de que varias comunidades rechazaran un plan para trasladar a la península a 470 menores desde Canarias. La solidaridad es "insuficiente" y hacen falta medidas legislativas, ha manifestado el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, al presentar su informe en el Congreso.
