Han creado una asociación que ya cuenta con casi 300 inscritos en Murcia y se han reunido con responsables de Industria que no han querido comprometerse por escrito a avanzar en la concesión de las ayudas
Los afectados por el impago de las ayudas a los vehículos eléctricos y energías renovables no descartan movilizarse si la Comunidad no agiliza los pagos pendientes desde hace varios años.
Acaban de constituirse bajo el nombre de Asociación por un Cambio de Modelo Energético Independiente y Sostenible (Acmeis) y ya se han reunido con altos cargos de Medio Ambiente y Energía para pedir explicaciones sobre la «deficiente gestión» tras más de 3 años de espera.
Casi 300 personas ya forman parte de este colectivo, casi todos de Murcia pero también se han sumado algunos de Castilla y León, Asturias, Andalucía, Comunidad Valenciana, Madrid y Baleares. El objetivo es unir esfuerzos y en el caso de Murcia la Comunidad se sitúa a la cola en el pago de las ayudas del Plan Moves a los vehículos eléctricos, según explica Antonio Fernández, miembro de la junta directiva y uno de los socios fundadores.
Los representantes de la asociación se han reunido ya con responsables del gobierno regional que les anunciaron que iban a pagar algunas ayudas por valor de 10 millones de euros en las próximas semanas pero que no quisieron comprometerse por escrito.
El Plan Moves cuenta con fondos europeos Next Generation. En el caso de la Región de Murcia se han pedido ayudas por valor de 28 millones de euros que han sido transferidos a la Comunidad pero solo el 12% cuentan con resolución positiva en estos momentos y muchos de ellos ni siquiera han cobrado el dinero.
Respecto a las ayudas al autoconsumo la situación es todavía peor a juicio de Antonio Fernández ya que se han solicitado subvenciones por valor de 130 millones de euros pero el Gobierno Regional solo ha percibido 53 millones del Estado. En esta caso los solicitantes han cobrado únicamente el 9 por ciento del total y el 20 por ciento de los 53 millones con los que cuenta la Comunidad.
Los afectados por estas subvenciones de fondos europeos no descartan salir a la calle a protestar y aseguran que la burocracia que alude el Gobierno regional es una excusa ya que hay comunidades como Navarra y el País Vasco que pagaron en un plazo de seis meses.
