Miguel Padilla, secretario general de COAG, dice que hay un calendario de movilizaciones cerrado en todas las provincias y que les gustaría que hubiese una batería de medidas suficientes para aliviar la situación
Desde que el pasado martes comenzaran las protestas de los agricultores convocados por la Plataforma 6F, las fuerzas de seguridad han detenido a 34 personas en todo el país. Uno de los arrestados es un tractorista que participó en la tarde de este pasado lunes en el corte de la A-30 en El Jimenado (Torre Pacheco) que supuestamente se negó a ser identificado y agredió a un agente de la Guardia Civil. Está a la espera de pasar a disposición judicial. En este tiempo se han tramitado 3.176 denuncias y han sido identificadas para propuesta de sanción administrativa 8.415 personas. Durante este martes las protestas ha continuado con bloqueos en carreteras de Cataluña y Andalucía o en el puerto de Santander.
Al margen de estas protestas, el Gobierno ha vuelto convocar a los interlocutores válidos, es decir, a COAG, ASAJA y UPA a una nueva reunión el jueves. Además, este miércoles el titular del departamento, Luis Planas, participará en el pleno del Observatorio de la cadena alimentaria, en el que están representados todos sus eslabones. Son encuentros en los que el gobierno parece tener puestas muchas esperanzas: la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, confía en que sirva para identificar claramente en qué aspectos puede actuar el Ejecutivo central para mejorar las condiciones de vida de los agricultores españoles.
Algunas de las decisiones, comentadas por Ribera, estarán dentro de la capacidad de actuación del Gobierno español, pero otras están más allá de sus competencias. Cuando los agricultores reclaman que las mercancías de terceros países tengan que cumplir las mismas condiciones fitosanitarias que las producidas en Europa, deben saber ,decía la ministra, que esa no es una decisión que España pueda tomar en solitario. Ribera comparte el criterio, pero recuerda que las cuestiones que afectan al comercio exterior de la Unión Europea sólo pueden decidirse entre todos los socios comunitarios.
Tampoco depende de España la legislación que limita el uso de pesticidas. Aunque en este caso, Ribera hace dos puntualizaciones: la primera, que esa es una medida tomada en beneficio de la salud de los consumidores y de la protección del ecosistema; la segunda, que la restricción no está en vigor y que la propia presidenta de la Comisión Europea ya ha anticipado su disposición a retrasar su aplicación.
Uno de los líderes agrarios que estarán en esa reunión del próximo jueves es el secretario general de COAG, el lorquino Miguel Padilla, que dice tener buenas sensaciones y espera que sobre la mesa se pongan medidas interesantes para el sector. Lo que no cree es que sean suficientes como para que las organizaciones profesionales suspendan las movilizaciones que ya tienen en marcha en todo el país.
Padilla es muy claro al respecto: la experiencia le dice que las propuestas del Ministerio no bastarán para desconvocar las protestas, aunque su deseo es que eso pudiera llegar a producirse. Marcando distancias con la actitud de la autodenominada "Plataforma 6F", el máximo responsable de COAG recuerda que las movilizaciones no son un fin en sí mismo, sino un medio de presión para conseguir avances en la negociación:
El pálpito de Miguel Padilla es que el gobierno ha entendido que muchas de las reivindicaciones del sector primario son justas y urgentes. Por esa razón espera que haya propuestas concretas para hacer más efectiva la Ley de la Cadena Alimentaria, para abrir un proceso de reforma del seguro agrario y para flexibilizar los criterios de la Política Agraria Común.
Confía también en que el gobierno asumirá como propios algunos de sus planteamientos y los trasladará en Bruselas a la negociación de medidas que tienen carácter comunitario. Ahora, añade, lo que faltaría es que las Comunidades Autónomas dieran una respuesta similar, porque las administraciones regionales tienen su parte de responsabilidad en la situación del campo. Nos ponía un ejemplo concreto: las políticas para favorecer el relevo generacional dependen de que las Comunidades legislen y pongan dinero de su presupuesto para cofinanciar los proyectos europeos.
Como decimos, el Gobierno analizará este miércoles con los supermercados, la distribución, la industria y el sector primario, en el Observatorio de la Cadena Alimentaria, la evolución de los precios de los alimentos desde el campo a la mesa, una de las demandas de agricultores y ganaderos. En los dos años que lleva en vigor la Ley se han llevado a cabo más de 1.500 controles, con más de 650 sanciones que oscilan entre 1.801 y 42.769 euros, con un montante total de 641.400 euros.
Este observatorio tiene como objetivo lograr un correcto equilibrio entre los diferentes eslabones de la cadena alimentaria, pudiendo garantizarse de esta forma una competencia justa, leal y efectiva, favoreciendo la transparencia y la eficiencia del proceso de comercialización.
A la espera de lo que pueda suceder en la reunión entre el ministerio y las organizaciones agrarias, en la Región de Murcia UPA, COAG y ASAJA, junto al Sindicato Central de Regantes, llaman a la "unidad de acción" en las movilizaciones del 21 de febrero. Entre sus demandas, recordamos, están acabar con la burocracia de las políticas europeas, mejorar la PAC, el cumplimiento de la Ley de Cadena Alimentaria o la sequía.
El presidente de COAG en la Región, José Miguel Marín, dice que el sector está decidido a protestar hasta conseguir sus objetivos y que si no se toman en serio sus reivindicaciones, las protestas afectarán a todo el país. Eso sí, pide disculpas por los problemas que pueden causar.
En la reunión con el Sindicato de Regantes, el agua ha estado muy presente. Alfonso Gálvez de ASAJA ha insistido en reclamar una planificación hidrológica coherente y la revisión de los planes de cuenca.
El presidente de los regantes, Lucas Jiménez, ha expresado su pleno apoyo a las reivindicaciones del campo y a todas las movilizaciones que se realicen en su defensa.
Las organizaciones agrarias aseguran que todos caben en las protestas pero, dice Marcos Alarcón, secretario general de UPA en la Región, se desvinculan de los que en las movilizaciones de la Plataforma 6F han ido más allá de las reivindicaciones del sector.
Decía Marcos Alarcón que a la movilización del día 21 puede acudir quien quiera y su deseo se ha materializado en la Asamblea Regional que adelanta al martes el pleno que habitualmente se celebra los miércoles. El motivo: que los diputados que lo deseen acudan a la cita. Todos los grupos parlamentarios han anunciado que estarán en las marchas aunque no muy unidos después de que haya fracasado la intención de PP y VOX de aprobar una declaración institucional de apoyo al campo.
El portavoz del PSOE, José Vélez, dice que estarán presentes al tiempo que recuerda que el Ejecutivo murciano tiene todas las competencias en agricultura y se pregunta de dónde sacará los 24 millones de euros que ha prometido para ayudar a los profesionales del sector. Podemos estará en la manifestación, Su portavoz María Marín justifica su presencia en el rechazo a las multinacionales extranjeras que, dice, ahogan la producción local. El PP interpreta el rechazo de la oposición a la declaración institucional como un desprecio a las reivindicaciones del campo, explicaba Joaquín Segado, portavoz. A VOX no le preocupa que le señalen como instigador de las protestas organizadas por la Plataforma 6F señalaba Ruben Martínez Alpañez.
En el resto del país ha habido bloqueos en los accesos a Mercabarna; en Cantabria, ganaderos y agricultores de esa comunidad y Castilla y León han cortado el acceso al puerto de Santander; en Zaragoza la protesta se ha trasladado a la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola; y en Andalucía ha habido muchos cortes de carreteras.
Antes de las convocatorias del día 21, el jueves 15, se manifiestan los agricultores en el Altiplano convocados por las organizaciones mayoritarias.
Más de 250 vehículos, entre tractores, camiones, turismos...hay inscritos, hasta el momento, para participar en la marcha lenta que el jueves se llevará a cabo en el Altiplano tal y como señala Javier Martínez Gil presidente de ASAJA Jumilla. Una movilizacion que ya el presidente de COAG Jumilla, Jesús Villaplana, definió como indefinida e intermitente en Jumilla y Yecla para reivindicar respuestas para el campo. Hasta cuarenta peticiones, añade el secretario de UPA Jumilla, Antonio Carrión esperan que tengan respuesta.
De esta manera, Organizaciones Agrarias ASAJA, COAG y UPA convocan juntos en contra de las políticas Agrarias Europeas y la actitud de los Gobiernos que las ejecutan y han pedido la compresión y el apoyo de toda la sociedad en defensa de la soberanía alimentaria.
