Su esposa Lilliam y él trabajaban como albañiles en unas construcciones en ruinas sin estar dados de alta en la Seguridad Social. Se intoxicaron con los gases del motor que usaban para poner en marcha las herramientas
Cuando Lilliam María despertó en la cama de la UCI de un hospital todavía no sabía que ya era viuda. Estaba aturdida por el efecto de la intoxicación que había sufrido, tenía parte del cuerpo paralizada y estaba completamente desubicada. Lo último que recordaba era estar junto a su marido Denis Antonio en el habitáculo en el que vivían en algún lugar del campo de Lorca. Toda su familia a casi nueve mil kilómetros, en Nicaragua. Las preguntas que acudían a su cabeza pronto iban a encontrar respuestas, todas trágicas.
El matrimonio había sido contratado para restaurar una casa en ruinas y construir unos corrales a cambio de un salario y de vivir en esa infravivienda de unos pocos metros. El 9 de febrero, en ese chamizo encendieron un grupo electrógeno para prender un foco y cargar el teléfono móvil. Al comenzar a sufrir dolores de cabeza, posiblemente a consecuencia de los gases que el equipo emanaba, lo apagaron pero ya fue demasiado tarde, ambos cayeron inconscientes. Liliam Miranda sobrevivió pero su marido Denis Antonio no.
Había fallecido por una posible intoxicación de monóxido de carbono. Ambos estaban empleados en régimen de semiesclavitud en algún lugar ubicado entre las pedanías lorquinas de El Campillo y La Torrecilla. Llevaban apenas tres meses residiendo en nuestro país, dos y medio de los cuales trabajando como albañiles para una familia. Lillian explica que ella ayudaba a su marido a restaurar aquellas ruinas y a construir corrales. Vivian en un cuarto sin luz, sin agua, con el techo parcialmente derruido y rodeados de animales vivos y cadáveres de otros que habían perecido. Cuenta Víctor Romera, de Comisiones Obreras, que los nuevos corrales estaban en mejores condiciones que la infravivienda en la que vivía este matrimonio.
La empleadora les llevaba al supermercado a comprar víveres y solo llegó a pagarles un salario. No estaban dados de alta en la Seguridad Social. "La jefa", como se dirige a ella Lilliam, ha llegado a afirmar a un periódico de Nicaragua que las víctimas habían ocupado de forma ilegal la casa en ruinas donde sucedieron los hechos. Esta noticia ha tenido gran repercusión en la prensa del lugar de origen de este joven matrimonio. Allí, por cierto, aguardan huérfanos de padre sus hijos de 7 y 8 años. Lilliam nos cuenta tras la rueda de prensa en la que ha relatado todo lo vivido, en la sede de Comisiones Obreras en Murcia, que sus hijos ya conocen el trágico final.
Este sindicato ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Murcia por "vulneración flagrante de los derechos laborales" y quieren elevar el asunto a la Fiscalía. Comisiones Obreras está asistiendo a Lilliam en la causa penal abierta que se instruye a raíz del atestado policial en el Juzgado de Instrucción número 1 de Lorca. La declaración de ella ante esta instancia todavía está pendiente. Cuando la causa se sustancie, Comisiones quiere presentarse en el caso como acusación particular. Juan Blázquez, secretario de Salud Laboral de Comisiones Obreras, reclamaba en la rueda de prensa reparación para Lilliam y su familia.
De momento, ella ahora vive con un familiar en Lorca. Tiene pensado permanecer en España el tiempo necesario para acumular unos ahorros que le permitan construir un pequeño hogar para dar un techo a sus hijos, "un cuarto con letrina", precisaba.
Los casos de explotación laboral repuntan. Del año 2021 al 2022, el número de infracciones por permisos de trabajo aumentaron un 25 %. En 2022 se levantaron 845 actas por este motivo que derivaron en 516 infracciones, el montante económico por multas rondó los 5 millones. Esta es solo una estadística que pone cifras a un fenómeno, el de la precariedad laboral, muy generalizada en el sector agroalimentario de la Región de Murcia, según denuncia Comisiones obreras. Víctor Romera, secretario de Empleo de este sindicato lamenta que sus oficinas comarcales detectan cada vez más vulneraciones de derechos laborales, una situación que se ceba de una forma más intensa con migrantes, un colectivo vulnerable.
El último caso de explotación de trabajadores extranjeros trascendía este jueves. Seis detenidos por delitos contra los derechos de los trabajadores, de favorecimiento de la inmigración ilegal y de pertenencia a grupo criminal. Operaban en fincas de Lorca, Mazarrón y Águilas. No se trata de un caso aislado, en muchos ocasiones los salarios apenas llegan a los 700 euros, cuatro euros la hora, según cuenta Romera, porque tienen que pagar hasta las propias herramientas que necesitan.