La abogada defensora de Yesenia, la única acusada de captar a menores que no entrará en prisión en el caso de los empresarios abusadores dice que "las menores no se captaban en colegios y no tenían 14, ni 15 ni 16 años"
La abogada defensora de Yesenia, la única acusada de captar y prostituir a menores que no entrará en prisión, se siente satisfecha por el auto de la Audiencia Provincial respecto a su cliente, pero está convencida de que los tres condenados a los que no se les han suspendido las penas recurrirán la decisión, porque el pacto de conformidad con la Fiscalía que resolvió el procedimiento incluía el compromiso de que ninguno de ellos acabaría pisando la cárcel.
La letrada Paola Marcela Suárez asegura que, en quince años de ejercicio y decenas de acuerdos de conformidad, esta es la primera vez en la que la fiscalía se retracta de lo pactado.
Suárez sostiene que el caso se ha visto totalmente contaminado por una presión social que puede entender, pero que -desde su punto de vista- ha olvidado que las víctimas son las primeras beneficiadas por este acuerdo de conformidad que ha evitado un juicio que, de otra manera, habría sido largo y muy doloroso desde el punto de vista personal. Diez años después de los hechos, dice, muchas de ellas habían pasado página y ocultaban un pasado que ahora ha quedado expuesto.
Aclara también esta abogada que a ninguno de los condenados puede considerárseles miembros de una "red de prostitución". Sus delitos son de prostitución de menores, pero no por pertenencia a una organización o a cualquier tipo de asociación delictiva. Explica, además, que el hecho de que la vista oral no llegara a celebrarse ha hecho posible que se hayan ido extendiendo otras ideas falsas sobre lo ocurrido. Las víctimas eran menores de edad, pero ninguna tenía menos de 17 años y tampoco fueron captadas en un colegio:
La letrada ha denunciado además que hace unos días, a la salida de la vistilla a la que acudió con su clienta a la Audiencia Provincial, ambas fueron agredidas físicamente. Dice entender la alarma social y la indignación de quienes se manifestaban a las puertas del juzgado, pero eso no justifica en ningún caso que cargaran contra quien simplemente estaba haciendo su trabajo.
Tres de los condenados por el caso de prostitución de menores entrarán inmediatamente en prisión para cumplir seis años de prisión cada uno de ellos. Se trata de dos de las proxenetas que captaban a las niñas y del hombre que se encargaba de trasladarlas a los lugares previamente acordados con los clientes. La Audiencia Provincial ha atendido en parte la petición de la Fiscalía para que no se suspendiera el cumplimiento de las condenas, teniendo en cuenta que una de ellas es culpable de ocho delitos de prostitución de menores en su modalidad agravada, y los otros dos incurrieron en seis de estos mismos delitos cada uno.
Considera la Audiencia que eran las personas con mayor capacidad de decisión dentro de la organización. De los cabecillas de la red, sólo evitará entrar en prisión una de las condenadas, a la que la Audiencia atribuye un menor grado de implicación. Tampoco pisará la cárcel ninguno de los empresarios que pagaban por mantener sexo con las menores, circunstancia de la que ,según reconoce ese órgano judicial, eran plenamente conscientes.
Antes de tomar esta decisión, la Sala escuchó a las víctimas en audiencia reservada. Cinco de ellas se mostraron favorables a que los condenados pudieran beneficiarse de la suspensión de la condena; cuatro se opusieron a esa medida y las otras dos dijeron aceptar cualquier decisión que tomara el tribunal.
Desde la Asamblea Feminista de la Región de Murcia califican la sentencia de 'clasista' ya que al final se ha demostrado que los únicos que pisarán las cárcel son quienes asistían a quienes utilizaban sexualmente las menores y no los empresarios. La presidenta de la plataforma, Gloria Alarcón, asegura que no se ha hecho justicia y que hay una total impunidad.
Podemos, entre tanto, exige la creación de un juzgado especializado en violencia sexual para evitar sentencias como estas. Su diputada María Marín denuncia que el tribunal del Tribunal Superior de Justicia, Miguel Pascual del Riquelme, no se haya pronunciado sobre este caso, al tiempo que recuerda otro: el de un hombre que ha recibido también una condena benévola tras violar y agredir durante meses a una mujer con discapacidad.
En Murcia, ante el antiguo Palacio de Justicia situado en Ronda de Garay se celebraba una nueva concentración de la Asamblea Feminista en contra de la "impunidad generada por la anticonstitucional dilación de la justicia en torno al caso de las menores explotadas sexualmente".
