El portavoz del Ejecutivo regional señala que el agua "es una cuestión que debe tratarse como un asunto de Estado"
El portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, ha afirmado este jueves que "si Cataluña necesita la solidaridad del resto de España la debe tener y si la Comunidad Valenciana o la Región de Murcia necesita la solidaridad del resto de España, también la tenemos que recibir".
Ortuño ha hecho estas declaraciones a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa tras la celebración de la reunión semanal del Consejo de Gobierno, que ha tenido lugar en el Palacio de San Esteban
Así, el dirigente regional ha indicado que "no tiene sentido que a día de hoy en Cataluña se estén planteando restricciones y que en Segovia se esté desembalsando por el riesgo de crecidas", al tiempo que ha insistido en que en el Gobierno regional "siempre hemos defendido que el agua es un recurso de todos los españoles".
"Siempre hemos defendido que es una cuestión que debe tratarse como un asunto de Estado y siempre hemos defendido que los recursos naturales tienen que ser compartidos entre todos los españoles", ha apostillado.
Asimismo, ha insistido en que "hemos sido, somos y seremos partidarios de los trasvases como infraestructuras fundamentales para el progreso y para el desarrollo, y de eso sabemos mucho en esta región con el Tajo-Segura en estas últimas décadas".
A su juicio, "el hecho de que la ministra se plantee el mini-trasvase del Ebro a Cataluña supone ratificar lo que venimos diciendo desde el Gobierno regional en cuanto a la necesidad y a la importancia de esos trasvases". Por eso, ha dicho, "siempre hemos defendido y siempre seguiremos defendiendo un gran Pacto Nacional del Agua".
También el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha defendido este jueves, ante el problema "estructural" de sequía que padece esta comunidad, que se puedan llevar a cabo trasvases de agua de cuencas entre provincias, regiones e incluso países, como puede ser el caso del vecino Portugal.
Así se ha pronunciado Moreno durante su intervención en la reunión del comité de expertos para el seguimiento de la sequía, desarrollada en el Palacio de San Telmo de Sevilla. Ha anunciado que su Gobierno aprobará, el 29 de enero, el cuarto Decreto de Sequía, con una dotación de casi 200 millones de euros, de los que 50 irán destinados a medidas de ayuda al sector agroalimentario, mientras que se contemplan actuaciones para los ayuntamientos en cuyos municipios ya hay problemas de abastecimiento.
Ante el grave problema de la sequía, Juanma Moreno tiene claro que hay que "abrir la mano también a los trasvases y transferencias de agua de cuencas entre provincias, comunidades, e incluso países", según ha señalado Moreno, refiriéndose a Portugal, y consciente de que actuaciones de este tipo son "complicadas porque hay que buscar siempre el consenso con el Gobierno central".
Juanma Moreno ha señalado que las actuaciones que está llevando a cabo su Gobierno a través de los decretos de sequía se tienen que complementar con otras actuaciones del Ejecutivo nacional, como son las desaladoras, unas obras de competencia estatal que se requieren especialmente en la zona oriental de Andalucía, donde hay "problemas severos" de agua.
La Ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, asegura que hasta el momento ni Cataluña ni Andalucía han pedido un trasvase extraordinario para resolver los problemas derivados de la situación de sequía, pero garantiza que el gobierno hará todo lo que esté en su mano para atender las necesidades del abastecimiento.
En declaraciones al programa Al Rojo Vivo, Ribera ha argumentado que a nadie le cabría en la cabeza que la respuesta del ejecutivo fuera dejar a los ciudadanos a su suerte. Por supuesto, subrayaba, "nadie va a cortar el grifo a nadie":
La vicepresidenta tercera reconoce que el volumen de agua embalsada tanto en Andalucía como en Cataluña está "muy por debajo de los umbrales razonables" para esta época del año. Aunque asegura que no ha recibido una petición concreta de trasvases para ninguna de esas dos comunidades, Ribera ha mostrado su total disposición a actuar, asumiendo incluso competencias que puedan no corresponder al Ministerio. Lo que sí reclama es que también las Comunidades Autónomas afectadas hagan todos los esfuerzos que estén a su alcance.
Por otra parte, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha vuelto a urgir al Gobierno central a que "haga públicos" los informes que modificarán las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, según ha solicitado la consejera de desarrollo sostenible, Mercedes Gómez.
Asegura Gómez que tiene conocimiento de que el Ejecutivo central está trabajando para efectuar esa modificación, cuando está a punto de cumplirse el plazo que se dio hace un año. La consejera ha indicado que, una vez el Ejecutivo regional tenga "más claro cuáles son esos criterios", mantendrá reuniones con los municipios ribereños para consensuar el objeto de estas modificaciones.
Preguntado por dónde podrían ir esas modificaciones, la titular regional de Desarrollo Sostenible ha indicado que, una vez que se han impuesto los caudales ecológicos ya de forma progresiva, tiene que haber una reducción de la posibilidad de trasvase, que también ha de ser progresiva, siguiendo precisamente los indicadores que se han previsto en la propia planificación hidrológica.
El Gobierno castellanomanchego confía, según ha dicho Gómez, en que las reducciones que ya se están llevando a cabo cuando los embalses de cabecera están a Nivel 2, se tienen que trasladar también al nivel 3 y al nivel 4.
