Unas 20 familias han desalojado el camping cartagenero como residentes habituales. El resto, unos 80, esperan el decreto inminente de medidas cautelares mientras se determina si pueden seguir viviendo allí
La legislación regional permite residir en un camping durante un total de 11 meses. Es por esto que los nuevos propietarios del camping cartagenero Portús anunciaron a los más de 100 clientes que debían desmontar sus casitas y caravanas, algunas instaladas desde hace más de 20 años. Esto es lo que han optado por hacer unas 20 familias, mientras que el resto, unas 80, han decidido esperar al decreto inminente de medidas cautelares mientras se determina si tienen derecho o no a vivir en la playa de la ciudad portuaria.
La Asociación Cala Morena recurrió a la justicia para que les mantengan los suministros y les permitan el paso hasta que se dictamine sobre su situación, tal y como señala el vicepresidente, Juan Antonio Rodríguez, quien confía en que el juez se pronuncie este mismo mes. "Que no nos corten ninguno de nuestros suministros, nos dejen pasar sin problema a nuestras casas y que podamos seguir realizando nuestra vida normal hasta que un juez determine si tenemos derecho a ello o no", ha declarado Rodríguez.
Mientras tanto, el camping ha seguido presionando a los residentes para que se marchen. Según el vicepresidente, es el camino que han emprendido los más mayores aun a costa de perder un dinero invertido con el beneplácito del camping, que en su día les dio todas las facilidades para que se quedaran en El Portús, pues, como explica Rodríguez, "si entendemos vender por cederlas a un chatarrero para que se lleve los trastos que hay en la casa, las han vendido por aproximadamente tres mil euros, y las casas tienen un valor bastante más alto".
