Los ciberataques recibidos en España y gestionados por el Centro Criptológico Nacional se acercaron el año pasado a los 108.000
Bruselas quiere mejorar la preparación ante ciberataques en sectores estratégicos de la economía comunitaria pero España no ha hecho los deberes. No ha traspuesto la Directiva NIS-2 que aspira a mejorar los niveles de seguridad digital de compañías de ámbitos como el de suministros, transportes o el de la investigación. Para eso, nuestro país y el resto tenía de plazo hasta el pasado mes de octubre.
El asunto no es baladí porque la directiva contempla sanciones de hasta 10 millones de euros o del 2% del volumen de negocio total anual si no se mejora la seguridad cibernética. Estas multas, en todo caso, no se activan aquí al no haber traspuesto España todavía esta directiva comunitaria. Esto no está generando una situación de inseguridad para las empresas ya que, según Antonio Martínez, responsable una consultora en ciberseguridad, en nuestro país hay orientaciones en esta materia. Este experto señala que "tenemos un reglamento de protección en la administración pública y desde hace años también se les exige a los proveedores de la administración".
A falta de un endurecimiento de las exigencias en materia de seguridad cibernética, las empresas de nuestro país toman medidas de protección. Joaquín Cruces, desarrollador informático, cuenta que tienen muchas herramientas pero "les falta el amparo legal, le falta que la legislación avance y comience a considerar muchos delitos que ahora se dan y ahora no están bien tipificados y que se les dé soporte, sobre todo, en el panorama internacional".
Los ciberataques recibidos en España y gestionados por el Centro Criptológico Nacional se acercaron el año pasado a los 108.000. Según algunas estimaciones, los ataque online solo a empresas en 2024 duplicarán las cifras del ejercicio anterior y supondrán un coste de 10.000 millones de euros. Martínez explica que "es rara la semana en la que no hay un ciberataque que afecten a entidades públicas y privadas· incluso aquellas que tienen implementadas medidas.
A muchas compañías de menor tamaño nos les resulta rentable tener un propio departamento de ciberseguridad, recurren a externalizar esos servicios. Joaquín Cruces habla para referirse a este sector de "los hombres de azul". Asegura que "cuando vamos a evaluar una empresa o la ciberseguridad de una institución es lo que se llama 'equipos azules o de sombrero blanco' que están ahí para evitar que los malos hagan sus fechorías".
La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Instituto de Fomento, ha apoyado el despegue de la inteligencia artificial y la ciberseguridad de 78 pymes regionales, a través de convocatoria de ayudas del Cheque de Ciberseguridad e Inteligencia Artificial (IA), dotado con 655.000 euros. En concreto, en este año se han presentado un 127 expedientes, de los cuales se han aprobado 78, que han generado inversiones por valor de 946.000 euros.
El Cheque de Ciberseguridad e Inteligencia Artificial financia, por una parte, con un máximo de 8.000 euros, la asistencia técnica para la planificación e implantación de proyectos globales de seguridad informática y de las comunicaciones adaptados a la empresa. Por otra parte, se subvenciona con hasta 10.000 euros la implantación de inteligencia artificial en las empresas para mejorar el modelo de negocio y la eficiencia de los procesos estratégicos.
