La consejería de Economía cuantifica en 100 las compañías que eligieron la Región para reubicarse tras el referéndum ilegal de Cataluña. Tras ese episodio político, 5.000 empresas salieron de aquella Comunidad
El Gobierno de Murcia no descarta medidas legales para defender a las empresas que tras el Referendum ilegal de Cataluña del 1 de Octubre acabaron instalándose en nuestra Comunidad. La consejería de Economía cuantifica en 100 las compañías que eligieron la Región para reubicarse. Tras ese episodio político, 5.000 empresas salieron de aquella Comunidad Autónoma.
Esto llega después de que el Partido Socialista haya pactado con Junts per Cat, el partido de Carles Puigdemont, poner en marcha un mecanismo que inste u obligue a las empresas que salieron de Cataluña con la intentona secesionista a regresar. El Gobierno central ya ha descartado que esto se haga mediante sanciones.
El Ejecutivo autonómico entiende que esto vulnera el orden constitucional y la normativa comunitaria. Y que el centenar de empresas que se instalaron aquí son ya murcianas. Así lo ha afirmado el consejero de Economía, Luis Alberto Marín.
Otro de los pactos entre PSOE y Junts contempla que el Estado publique las balanzas fiscales de las autonomías. Marín está convencido de que el independentismo trata de construir un discurso victimista a cuenta del trato financiero que recibe del Estado, un discurso que el dirigente murciano no considera ajustado a la realidad.
