Murcia pide un protocolo común para esta medida destinada a familias vulnerables con hijos
Varias comunidades autónomas, la mayoría gobernadas por el PP, han pedido al ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, que negocie con la Unión Europea una prórroga de seis meses para asentar el sistema y establecer un protocolo común en cuanto a las tarjetas monedero. De momento Cantabria y Navarra son las únicas regiones que han dado los primeros pasos para implementar esta medida destinada a familias vulnerables con hijos.
Este viernes se ha celebrado Consejo Territorial Extraordinario para evaluar su entrada en vigor después de que el Gobierno central habilitara en abril, en colaboración con Cruz Roja, el modelo que cerró la licitación de las 7 grandes cadenas de supermercados en las que podrá utilizarse este mecanismo.
La consejera murciana de Política Social, Conchita Ruiz, hace un llamamiento a crear un sistema único para todas las autonomías de forma que se eviten las desigualdades entre territorios. Asegura que Murcia tiene todo preparado para iniciar, en junio, el programa de materias básicas aunque todavía quedan cuestiones por resolver y llama la atención sobre el grupo de familias vulnerables que pueden quedar al margen de estas ayudas.
Por su parte, el Ministerio ha instado a las comunidades autónomas a que aceleren la implementación de las tarjetas monedero en sus respectivos territorios, para complementar los servicios de asistencia alimentaria que ya están operativos y que permiten, en su conjunto, alcanzar a todas las personas que necesitan estos servicios.
Las tarjetas monedero son un nuevo modelo de ayuda para familias en situación de extrema vulnerabilidad, que cobran menos del 40% de la media estatal tengan menores o adolescentes a su cargo. Con su implantación, se cumple con el objetivo prioritario de luchar contra la pobreza infantil. Bajo estos criterios, se estima que unas 70.000 familias van a recibir la ayuda. Para facilitar la transición hacia este nuevo modelo, el Gobierno de España puso en marcha el sistema este año, de manera transitoria y extraordinaria hasta enero de 2025.
