Denuncian que el proyecto en el polígono afectaría a cuatro colegios y supondría un riesgo para la salud de una población que ronda las 5.000 personas
Cientos de vecinos de varias urbanizaciones de Molina de Segura han comenzado a organizarse para impedir la construcción de una planta de biogás en el polígono industrial La Polvorista. Denuncian que el proyecto afectaría a cuatro colegios y supondría "un riesgo inaceptable" para la salud de una población que ronda las 5.000 personas.
De momento han conseguido más de 1.300 firmas en la plataforma CHANGE.ORG y se han organizado por redes sociales. Este lunes se reunirán para decidir si se constituyen en plataforma vecinal. Ignacio García, impulsor de esta iniciativa y vecino de El Mirador de Agridulce, ha explicado a Onda Regional que se han puesto en contacto con otras asociaciones nacionales para informarse sobre el funcionamiento estas plantas de biogás y los problemas que ya han ocasionado en otros municipios españoles.
En el caso del proyecto de La Polvorista, se verían afectadas 7 urbanizaciones y cuatro colegios, en especial el del CEU San Pablo, donde los alumnos podrían acabar con mascarillas y problemas oculares y respiratorios en caso de una fuga de gases, según explica Ignacio García. "Parece ser que los problemas vienen derivados por una fuga de gases que tienen debido a su funcionamiento, que no generan solo malos olores sino también problemas oculares en niños. El colegio CEU San Pablo cae en la zona de afectación grave y los niños podrían acabar con mascarilla, con los ojos rojos y con problemas pulmonares", ha indicado.
Los vecinos de las urbanizaciones cercanas a La Polvorista tienen previsto en primer lugar solicitar una reunión con los representantes municipales de Molina -el alcalde o el concejal responsable- para transmitirles la preocupación de la ciudadanía. Y no descartan movilizaciones, como ya ha ocurrido en otros municipios como Las Torres de Cotillas. Ignacio García ha señalado que "lo que queremos es que nos den una solución. Si te cogen, te echan del despacho y te dicen mira aquí ya no tienes nada que hacer, entonces la única opción que queda es una movilización masiva de todos los vecinos y padres afectados en las urbanizaciones y colegios colindantes, que podría llegar a cerca de 5.000 personas".
Los vecinos no ven "ético" que, aunque el proyecto "se ajuste a la ley y se desarrolle en suelo industrial", las administraciones permitan que una planta de biogás pueda afectar a un núcleo tan grande de población. Si tienes urbanizaciones y población que van creciendo, y colegios que se van instalando y se van acercando a ese polígono, lo que pensamos es que hay que tener en cuenta que no se pueda instalar una planta de ese tipo que pueda afectar a todos esos vecinos", ha añadido García.
Por su parte, Podemos ha señalado que solicitará, “por prudencia”, en la Asamblea Regional, una moratoria de 5 años para el desarrollo de una normativa específica en relación a la instalación de plantas de biogás en la comunidad. El diputado de Podemos Víctor Egío ha asegurado, en este sentido, que “a día de doy nadie asegura a los vecinos que no van a sufrir malos olores, ruidos y la contaminación de suelos y acuíferos, como ya se ha denunciado en otros lugares de España”.
Según ha asegurado, la instalación de plantas de biogás en la Región de Murcia se ha encontrado desde el pasado verano con "una fuerte oposición vecinal". En municipios como las Torres de Cotillas y Santomera los vecinos ya han constituido plataformas contra estas instalaciones en su territorio, ha dicho.
Por ello, Podemos llevará al pleno de la Asamblea Regional del próximo martes una propuesta de moratoria a las plantas de biogás, en la que se recoge que, "aunque la producción de biometano, como fuente de energía renovable puede ser una solución adecuada para la reutilización de ciertos residuos como los purines, los impactos de las plantas de biogás en las zonas donde se ubican son también considerables”.
Entre estos efectos negativos, se encontrarían “la producción de basuras y residuos, el riesgo de contaminación de suelos debidos a derrames o fugas, los malores olores, el elevado consumo de agua y de energía, la generación de ruido y los riesgos de incendio y explosión”, se indica. En definitiva, se solicita que en el plazo de cinco años de vigencia de la moratoria se desarrolle una normativa ambiental específica para este tipo de instalaciones. “Una de las quejas más habituales son los malos olores, pero la Región carece de una ley que regule la contaminación odorífera como sí existe en Andalucía”, ha dicho Egío.
