El debate sobre la tasa de bomberos: ¿Es justo cobrar por un servicio de emergencia?
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La práctica de cobrar una tasa por el servicio de extinción de incendios tiene su origen en una sentencia del Tribunal Supremo de los años 80, que dictaminó que estas tasas solo pueden aplicarse cuando el servicio se presta de forma efectiva al ciudadano, similar a la tasa de basuras. Como consecuencia, muchos ayuntamientos comenzaron a emitir facturas basadas en el número de bomberos, vehículos y tiempo empleado, lo que a menudo resulta en costes que superan los 1.000 euros y llegan al ciudadano meses después del incidente. Javier Larrea advierte que esta medida genera un "efecto perverso", ya que el miedo al cobro puede retrasar la llamada a los servicios de emergencia, agravando el peligro. Además, se considera una situación doblemente injusta, puesto que las personas con seguro suelen tener esta tasa cubierta, mientras que los ciudadanos con menos recursos acaban pagando la totalidad del servicio. Larrea sostiene que el servicio ya está sufragado mediante los impuestos generales y las aportaciones de la patronal de seguros UNESPA, por lo que no debería facturarse de forma adicional a las víctimas.
