Treinta años de asistencia jurídica gratuita: la urgencia de una reforma ante un sistema "al límite"
T06C155

Al cumplirse tres décadas de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, el sector legal demanda una actualización normativa integral que se adapte a la realidad actual del servicio. Elisa Campoy señala que los abogados del turno de oficio perciben cuantías "irrisorias" que no han sido debidamente actualizadas desde 2018, por lo que exigen la inclusión de una cláusula que vincule los baremos al IPC de forma automática. Además, los profesionales asumen riesgos económicos significativos, como los gastos de desplazamiento o el trabajo en negociaciones previas que la ley actual no contempla, dándose el caso de actuaciones que quedan sin remuneración si el Estado deniega posteriormente el beneficio al ciudadano. Esta situación de precariedad, sumada a la escasa compensación por gastos de infraestructura que reciben los colegios —apenas 30 euros por expediente terminado—, está provocando un descenso en el número de abogados dispuestos a prestar un servicio que es esencial para garantizar el mandato constitucional de defensa judicial.