El 87 % de las sentencias penales en la Región han sido dictadas por conformidad
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"Entiendo perfectamente bien la situación de protesta que existe en la calle y está bien, ¿no?, que se genere este debate social", expresa el fiscal sobre las protestas, pero defiende que "esa situación de eternización de los procedimientos no tienen por qué sufrirla las víctimas, evidentemente, pero tampoco lo pueden sufrir los acusados".
Recuerda que el papel del fiscal es defender la justicia social, lo cual incluye tanto a víctimas como a acusados, por lo que hay muchos intereses a tener en cuenta a la hora de abordar el atenuante de dilaciones indebidas, y advierte que la rebaja de la condena es perfectamente legal.
Aboga por duplicar la plantilla de jueces y fiscales y continuar reformando la justicia para acortar la capacidad de respuesta del sistema judicial.
En el caso de la red de prostitución de menores en la Región de Murcia, faltaban algunos testigos, por lo que, asegura, se tendría que haber suspendido el juicio de nuevo, y no podría haberse cerrado el caso hasta 2026 o 2027, según el cálculo temporal del fiscal.
Destaca que los acuerdos son una vía muy común en la resolución de juicios: de las 9.153 sentencias penales dictadas en la Región de Murcia, el 87 % han sido sentencias dictadas por conformidad, porcentaje que supone casi 8.000 casos.
Sobre la decisión de que no constituye un delito ambiental el vertido de aguas urbanas al Mar Menor, ratifica la decisión tomada por el fiscal de Medio Ambiente. Además, critica que se malgastan recursos humanos, pues en un procedimiento judicial penal están el juez de instrucción y el fiscal, y ambos tienen básicamente las mismas competencias.
En cuanto a la Memoria de la Fiscalía, aún por presentar ante los medios de comunicación, reitera su preocupación por el incremento de delitos graves cometidos por menores, muchos de ellos relacionados con agresiones sexuales, acoso escolar y conducción de vehículos para los que no tienen edad, incluidos los patinetes. También ha recordado que se han duplicado los delitos cometidos por menores de 14 años. Han pasado de 21 en 2022 a 40 el año pasado. Manzanera relaciona el aumento de delitos por parte de menores con las nuevas tecnologías y la falta de control en el acceso a Internet.
