"Se está moviendo la maquinaria de la Justicia, pero hay muchísimos procedimientos sin tramitar"
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Los juzgados de la Región de Murcia viven una especie de tregua tras las huelgas de los últimos meses pero ni mucho menos se ha podido "desatascar" la acumulación de procedimientos (decenas de miles) que duermen en estanterías y archivos mientras los afectados aguardan una solución. Son los procedimientos civiles los que más preocupan a los profesionales del derecho que han visto muy mermados sus ingresos por la conflictividad laboral en los últimos ocho meses y la pérdida de confianza en la administración de Justicia por parte de los ciudadanos.
Es lo que relatan los decanos de los colegios de Murcia, Cartagena y Lorca, que han visto como algunos de sus compañeros se han visto abocados al cierre. Ya son muchas las ocasiones en las que se renuncia a ejercer acciones judiciales porque saben que el proceso puede ser eterno. Con todo, perciben un cierto alivio aunque falta un notable arreón, según el decano de los letrados murcianos, Francisco Martínez Escribano.
En la puesta en común realizada en el programa PLAZA PÚBLICA de Onda Regional se ha puesto el acento en el grave perjuicio que se ocasiona con los retrasos sobre todo en procedimientos civiles y de familia. Se generan situaciones que causan sonrojo como ha relatado el decano lorquino, Ángel García.
En Cartagena también es muy complicada la situación en familia pero también en social y penal. Los procedimientos por despidos, que afectan de forma directa a la vida de las personas, no se resuelven en un tiempo aceptable. El decano de los abogados, Ángel Méndez, dice que será difícil recuperar el tiempo perdido.
Para Martínez Escribano habría que definir también "situación de normalidad en la justicia" porque con volver al momento previo a las huelgas no es suficiente. Dicen los decanos que el mal funcionamiento de los juzgados es imputable a la falta de medios pero también a los nuevos procedimientos. Habría que recuperar también un trato más cercano e individualizado para acabar con cifras que califican de "pavorosas", con señalamientos para el año 2026 dependiendo de la jurisdicción. Todo esto genera "descrédito de la justicia" y por consiguiente una merma de la calidad de nuestra democracia.
