La Audiencia considera que la ampliación de capital de 2018 fue ilegal, porque no fue aprobada con el voto del accionista mayoritario, Mauricio García de la Vega, según información avanzada por "La Verdad"
GREGORIO LEÓN
Una sentencia de la Audiencia Provincial ha puesto patas arriba al Real Murcia. Este órgano judicial ha estimado la demanda que presentó Mauricio García de la Vega contra la resolución adoptada previamente por el Juzgado de lo Mercantil, que dio en su día la razón al club grana. La Audiencia Provincial entiende que la junta de accionistas del 4 de septiembre de 2018, que aprobó la ampliación de capital que luego permitiría a Francisco Tornel hacerse con el paquete de acciones principal, fue ilegal, según la información adelantada por La Verdad.
En los razonamientos jurídicos, la Audiencia Provincial explica la causa de la ilegalidad de dicha junta: el Real Murcia no permitió el acceso a ella, y por tanto, le negó el derecho a ejercer su voto, a Mauricio García de la Vega. La Audiencia determina que al mexicano le valía el laudo arbitral favorable, emitido por el TAS, para convertirlo en poseedor del 84 por 100 de las acciones de la entidad grana.
La Audiencia Provincial rompe la doctrina hasta el momento mantenida por otras instancias judiciales, y convierte en humo las consideraciones del Juzgado de lo Mercantil, que con fecha 7 de noviembre de 2019 dictó una sentencia que obligaba a De la Vega a solicitar el llamada exequatur para que tuviera plena validez la compra de sus acciones a Raúl Moro.
El Real Murcia puede ahora presentar recurso ante el Tribunal Supremo.
