Uno de los implicados fue detenido y el otro investigado tras abatir dos venados adultos en cotos de Caravaca y Moratalla sin autorización, uno de ellos después de presumir de su captura en redes sociales
La operación ‘Puntas’, desarrollada en colaboración con agentes medioambientales de la Comunidad Autónoma, ha permitido esclarecer dos casos de caza ilegal de ciervos adultos en Caravaca de la Cruz y Moratalla. Uno de los implicados fue detenido tras abatir un ejemplar de 14 puntas y el otro, investigado después de presumir en redes sociales de haber cazado un venado de 11 puntas sin autorización.
La investigación comenzó hace unas semanas, después de que varios titulares de cotos alertaran de posibles prácticas de furtivismo coincidiendo con la berrea, el periodo de celo de los ciervos. Ante estas denuncias, especialistas del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil y agentes medioambientales de Moratalla establecieron un dispositivo conjunto de vigilancia, con especial atención a los servicios nocturnos, para detectar y frenar estas actividades ilegales, que estarían reduciendo la población de machos adultos.
El primero de los casos se produjo hace dos semanas en Caravaca de la Cruz, cuando los agentes localizaron a un cazador que acababa de abatir un ciervo de 14 puntas y huyó hacia una zona de monte. La Guardia Civil inició una búsqueda y encontró, a aproximadamente un kilómetro del lugar, un vehículo estacionado junto a una funda de rifle. Las pesquisas permitieron identificar al sospechoso y comprobar que carecía de autorización para cazar en los cotos de la zona, por lo que fue detenido como presunto autor de un delito contra la flora y la fauna.
El segundo caso salió a la luz tras la denuncia de una sociedad de cazadores de Caravaca, que alertó de la publicación de un vídeo en redes sociales en el que otro hombre presumía de haber abatido un ciervo macho de 11 puntas en un coto sin permiso. Los especialistas del SEPRONA localizaron el lugar de la grabación y confirmaron que correspondía a un terreno de la sociedad denunciante. El sospechoso ha sido investigado por un presunto delito contra la flora y la fauna. Ambos implicados han sido denunciados también por distintas infracciones administrativas en materia de caza y podrían enfrentarse a penas de prisión de seis meses a dos años o multas de ocho a 24 meses, además de la inhabilitación para cazar o pescar durante un periodo de dos a cuatro años.
