La Guardia Civil destapa una trama que causó daños valorados en más de 45.000 euros y puso en riesgo la seguridad eléctrica del alumbrado público de la autovía
La Guardia Civil de la Región de Murcia, en el marco del Plan contra el robo de cobre, ha desarrollado la operación 'Panobra', una investigación que ha culminado con la detención de tres personas por la presunta sustracción y venta de una tonelada y media de cable de cobre procedente de las obras de la autovía A-30, a su paso por el término municipal de Murcia.
Los arrestados son tres empleados de una empresa encargada de la retirada y reposición del cableado eléctrico del alumbrado público de la A-30. A los investigados se les atribuyen los presuntos delitos de apropiación indebida y daños, mientras que al principal sospechoso también se le imputa un delito contra la seguridad colectiva por generar un importante riesgo de descarga eléctrica.
La investigación comenzó cuando agentes del Equipo ROCA realizaban inspecciones en distintos centros de gestión de residuos metálicos de la Región de Murcia, dentro de los controles habituales para detectar la venta de material de procedencia ilícita.
Durante estas comprobaciones, los agentes detectaron que un mismo individuo había vendido más de una tonelada de cable de cobre en 39 operaciones, realizadas entre los meses de febrero y mayo, una circunstancia que levantó las sospechas de los investigadores.
Las pesquisas permitieron identificar al vendedor como empleado de la empresa adjudicataria de las obras de renovación del alumbrado público de la A-30. El gerente de la mercantil, que desconocía los hechos, presentó la correspondiente denuncia tras conocer los indicios recopilados por la Guardia Civil.
Las inspecciones realizadas por los agentes confirmaron la desaparición del cable de cobre de la toma de tierra que conectaba las farolas entre sí. Aunque esta manipulación no impedía el funcionamiento del alumbrado, sí eliminaba una parte esencial del sistema de seguridad, generando un riesgo crítico de derivación eléctrica que podría haber provocado graves descargas.
La investigación reveló que el principal sospechoso era el encargado de comprobar el correcto funcionamiento de la instalación eléctrica antes de que las arquetas fueran selladas con hormigón. Presuntamente, tras certificar que las luminarias funcionaban correctamente, retiraba el cable de toma de tierra, convencido de que el robo quedaría oculto una vez cubiertas las conexiones.
Los investigadores también lograron implicar a otros dos trabajadores en la sustracción de 500 kilos adicionales de cable de cobre, equivalentes a más de 3.600 metros. En total, la Guardia Civil ha detectado 52 operaciones de venta de una tonelada y media de cable sustraído en distintos centros de gestión de residuos metálicos de la Región.
La empresa adjudicataria de las obras ha valorado los daños ocasionados en más de 45.000 euros, mientras que la Guardia Civil mantiene su compromiso de reforzar la vigilancia para combatir este tipo de delitos que afectan tanto a las infraestructuras públicas como a la seguridad de los ciudadanos.
