La Comunidad recuerda que desde 2018 el Estado debe a la Región de Murcia más de 600 millones de euros por no cumplir su parte
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará este martes un real decreto para aumentar la financiación de la dependencia con 2.218 millones de euros adicionales en 2026, de forma que la aportación del Estado superará los 7.200 millones de euros el próximo año.
Sánchez ha realizado este anuncio durante su intervención en un acto celebrado en el Imserso sobre dependencia y discapacidad, junto al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy. El jefe del Ejecutivo ha destacado que esta medida permitirá cumplir el compromiso de legislatura de alcanzar el 50% de financiación estatal del sistema de dependencia.
El real decreto “blinda por ley” el incremento de la financiación que el Estado transfiere a las comunidades autónomas por cada persona con grado de dependencia reconocido. Además, duplica las cuantías destinadas a las personas que requieren mayores apoyos, según fuentes del Ministerio de Derechos Sociales.
En total, las previsiones apuntan a que la aportación del Gobierno alcanzará los 5.513,8 millones de euros en 2026 y los 7.239,4 millones de euros en 2027, consolidando un crecimiento sostenido de la inversión pública en este ámbito.
El presidente del Gobierno ha subrayado que la prioridad es reducir las listas de espera, mejorar la calidad de la atención y reforzar los cuidados, aumentando la intensidad del apoyo y dignificando las condiciones laborales de quienes trabajan en el sistema.
Entre 2012 y 2020, la aportación estatal se mantuvo estancada en niveles mínimos, pero desde entonces se ha triplicado, pasando de unos 1.300 millones a casi 3.800 millones en 2025, según ha recordado el Ejecutivo.
A partir del 1 de julio, las comunidades autónomas recibirán esta mayor dotación económica para reforzar servicios, contratar personal, mejorar la atención y ampliar recursos como los cuidados a domicilio.
Las cuantías mensuales también experimentan incrementos significativos: el grado III (gran dependencia) sube un 128%, hasta los 660 euros; el grado II (dependencia severa) aumenta un 100%, hasta los 260 euros; y el grado I (dependencia moderada) crece un 18%, hasta los 90 euros mensuales.
El Ejecutivo destaca que en 2027 la inversión en dependencia será el doble que en 2025 y cinco veces superior a la de hace una década, cuando se produjeron recortes superiores a 5.400 millones de euros.
Este plan de expansión permitirá a las comunidades autónomas aplicar los cambios derivados de la reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad, actualmente en tramitación en el Congreso, y consolida el desarrollo del artículo 49 de la Constitución, orientado a garantizar derechos e inclusión de las personas con discapacidad.
La Comunidad dice que estudiará la letra pequeña del anuncio de Pedro Sánchez sobre Dependencia y recuerda que desde 2018 el Estado debe a la Región de Murcia más de 600 millones de euros por no cumplir su parte del 50% de la financiación de la Ley de Dependencia.
La consejera de Política Social, Conchita Ruiz, explica que hay que analizar cómo, con un Presupuesto prorrogado desde hace más de tres años, se puede acometer esa inversión anunciada por el presidente del Gobierno. En cualquier caso, espera que se haga realidad y que esas nuevas partidas económicas cubran la financiación de regiones como Murcia, "maltratadas" —dice la consejera— en materia de dependencia.
De buena noticia califican la decisión desde la Asociación de directores y gerentes en servicios sociales, que aplaude la medida aprobada en consejo de Ministros.
Con esto, dice su presidente, José Manuel Ramírez, se debería poder abordar de manera urgente la reducción de las listas de espera, uno de las grandres asuntos pendientes de la Región de Murcia.
Con esta partida del 50%, desde la Asociación, Ramírez entiende que el gobierno central ha hecho su parte. Pero queda pendiente, asegura, que las comunidades se comprometan a completar el 50% restante para que la dependencia no acumule retrasos en los pagos ni en las calificaciones y deje de ser un asunto pendiente de las regiones.
