Pedro Sánchez ha anunciado que se publicará la orden ministerial, aunque el primer escollo es la aprobación de la senda de estabilidad
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles el inicio de los trámites previos a los Presupuestos Generales del Estado de 2027 que, de salir adelante, sustituirían a los de 2023, actualmente vigentes, y serían las únicas cuentas presentadas y aprobadas en esta legislatura.
Con la renuncia a presentar unas cuentas para 2026 y el anuncio de que esta misma semana se publicará la orden ministerial de elaboración de los presupuestos, el Gobierno devuelve el trámite presupuestario al calendario legal, tras varios años de retrasos y omisiones. Estos son los próximos pasos.
Uno de los primeros pasos previos a las cuentas es la publicación en el BOE de la orden de elaboración del presupuesto —tradicionalmente a comienzos de verano, aunque el pasado año se hizo en septiembre—, donde se esbozan las líneas generales que guiarán el futuro texto y se dan instrucciones a los ministerios para diseñar sus partidas.
Sánchez ha avanzado que prevé publicar la orden esta misma semana de cara a confeccionar unas cuentas sociales, para reforzar el Estado del bienestar, en las que la vivienda y la financiación autonómica jugarán un papel central sin renunciar a la responsabilidad fiscal.
Este anuncio se suma al del vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que ya avanzó la pasada semana que prevé actualizar el cuadro macroeconómico este mes de junio para incorporar el impacto del conflicto en Oriente Medio y de las medidas adoptadas para paliar sus efectos. Cuerpo ya apuntó que el objetivo es, una vez actualizadas las previsiones, "seguir avanzando en la elaboración de los presupuestos".
Más allá de estos trámites internos, el primer escollo en los trámites previos a las cuentas es la aprobación de la senda de estabilidad (déficit, deuda y regla de gasto) de los distintos subsectores para el periodo 2027-2030.
De acuerdo a la ley de estabilidad, el Consejo de Ministros tiene que fijar estos objetivos en el primer semestre del año tras reunirse con las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y con las entidades locales en la Comisión Nacional de la Administración Local (CNAL).
Este acuerdo se remite a las Cortes —acompañado del techo de gasto para el año siguiente, que no se vota—, donde tiene que resultar aprobado. Si el Congreso lo aprueba pero el Senado lo rechaza, el Congreso podría levantar ese veto.
En caso de que la senda fuera rechazada, el Gobierno tendría que presentar una nueva en el plazo de un mes y si esta tampoco lograra el aval de las Cortes —como sucedió con la de 2026—, entrarían en vigor los objetivos recogidos en el plan fiscal: déficit del 1,8% del PIB en 2027 y 1,6% del PIB en 2028.
En cualquier caso, el Gobierno ya contaría con una senda de estabilidad ajustada a su cuadro macroeconómico con la que elaborar sus presupuestos.
La Constitución establece que el Gobierno tiene que aprobar el proyecto presupuestario y presentarlo en el Congreso al menos tres meses antes de que finalice el año anterior, es decir, antes de que termine septiembre, aunque este plazo lleva sin cumplirse desde 2015.
Los tres presupuestos aprobados en los gobiernos de Sánchez —2021, 2022 y 2023— entraron en el Congreso con retraso, aunque una tramitación acelerada permitió que estuvieran en vigor para el 1 de enero.
Desde entonces, el Gobierno no ha presentado ningún proyecto de presupuestos, por lo que continúan en vigor las cuentas de 2023 —las más longevas de la democracia tras tres prórrogas—, lo que ha obligado a realizar numerosas modificaciones presupuestarias para adaptarlas a la situación económica actual y afrontar las diferentes crisis.
