PP y Vox llegan a un acuerdo en el que los de Santiago Abascal se quedan con una vicepresidencia y tres consejería
El pacto de gobierno del PP y Vox en Aragón recoge la 'prioridad nacional' en el acceso a los servicios públicos y la supresión de ayudas a ciertas ONG exactamente en los mismos términos que el acuerdo suscrito por ambos partidos la semana pasada en Extremadura.
Pese a sus discrepancias públicas sobre el significado de este concepto, el texto pactado por las formaciones de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal en Aragón establece la 'prioridad nacional' tanto en las subvenciones y prestaciones públicas como en el sistema de acceso a la vivienda protegida y el alquiler social.
Para Vox el concepto de 'prioridad nacional' se basa en atender a "los españoles primero", mientras que el PP lo acota al arraigo con independencia de la nacionalidad de quienes traten de acceder a los recursos públicos.
Estas diferencias interpretativas no se han traslado al acuerdo de Aragón, que replica literalmente al extremeño al establecer que "el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas" o "el acceso a vivienda protegida y alquiler social" se inspirarán en "el principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio".
En ambos casos, al igual que en el acuerdo de Extremadura, se definen los requisitos para acceder a los dos tipos de ayudas. Para las primeras, se incluyen, entre otros, el establecimiento de un periodo mínimo reforzado de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio o la exclusión del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentren en situación irregular, limitando su acceso exclusivamente a supuestos de urgencia vital.
Para la vivienda social, se exigirá, por ejemplo, un arraigo real y prolongado, basado en empadronamiento histórico en Extremadura, con un mínimo de 10 años para compra y 5 años para alquiler. Además que se instará la modificación de la Ley Orgánica 4/2000 (sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social) y de "cuantas disposiciones normativas dificulten la consecución efectiva de lo anterior".
También son idénticos los dos acuerdos autonómicos alcanzados hasta ahora por el PP y Vox —aún está negociando el gobierno de Castilla y León— en otro de los aspectos que generaron polémica tras las firma del pacto extremeño: la ayudas a las organizaciones no gubernamentales.
Los dos partidos ratifican así que "se suprimirán todas las subvenciones, ayudas convenios y conciertos con ONG u otras entidades que participen directa o indirectamente en la promoción, facilitación o sostenimiento de la inmigración ilegal o que actúen como cooperadores necesarios de las mafias de tráfico de personas".
El Gobierno de Aragón, al igual que se dispuso para el de Extremadura, no destinará "ni un solo euro público a estructuras que incentiven el efecto llamada". Además de en estos dos asuntos polémicos, ambos acuerdos son similares en líneas generales y, salvo algunos matices, las diferencias se circunscriben a las particularidades de cada comunidad.
El líder de Vox en la región, Alejandro Nolasco, ha detallado que el pacto incluye una vicepresidencia para su partido, que estará unida a una consejería, aunque aún no se ha determinado cual de las tres será: Desregulación, Bienestar Social y Familia; Medio Ambiente y Turismo; y Ganadería, Agricultura y Alimentación.
El pacto incluye también para Vox la vicepresidencia primera de las Cortes, que seguirá presidiendo la 'popular' María Navarro, y también será de Vox el senador autonómico de representación autonómica, que en la anterior legislatura fue del PP.
Nolasco ha agradecido a Azcón que haya tenido "la disposición y la valentía" de llegar a este acuerdo, y ha confrontado la actitud del aragonés con la de Génova, que, ha lamentado el líder autonómico de Vox, "solo ha puesto palos en las ruedas, solo ha puesto zancadillas".
Por su parte, Azcón ha insistido en que el acuerdo es "coherente", que sus medidas se refieren todas ellas a cuestiones en las que el Gobierno de Aragón tiene competencias, que cumple "con el principio de legalidad" en todas sus partes y responde al "mínimo común denominador" entre los dos partidos.
