Hay dudas de si el propietario puede impugnar la prórroga si el contrato no vencía durante el margen temporal de la norma
Con el real decreto que iba a permitir congelar durante dos años los contratos de alquiler a punto de vencer ha pasado lo que estaba previsto que pasara. El Gobierno no consiguió convencer a Junts y finalmente este martes unió su voto en contra al de PP y Vox. Y con la derogación se abre la puerta a un sinfín de dudas por parte de inquilinos y propietarios. ¿En qué situación quedan ahora las solicitudes tramitadas a través de burofax? ¿De qué depende que sean o no válidas y cuenten con el amparo de un decreto que ha estado en vigor apenas un mes?
La opinión de los juristas es dispar, aunque el fundamento jurídico de las solicitudes que seguro tendrán éxito está claro: saldrán adelante las tramitadas durante la vigencia del decreto y con fecha de vencimiento en ese periodo, es decir, entre el 22 de marzo y el 28 de abril. A partir de ahí se espera una avalancha de casos en los tribunales como explica Elena Herránz, abogada de Legálitas.
En los casos en los que el inquilino solicitó la prórroga durante la vigencia del real decreto porque su contrato vencía antes del 31 de diciembre de 2027, pero no vencía dentro del margen temporal de la norma surge la duda de si el propietario puede ahora impugnar la prórroga. Para ello, el arrendador tendría que acudir a la vía judicial y gastarse el dinero.
La casuística que nos vamos a encontrar en los próximos meses será diversa. Esta abogada nos hablaba, por ejemplo, de casos en los que el propietario necesite la vivienda para su uso personal, pero que no lo haya comunicado a tiempo. Si durante la vigencia del decreto se vende la vivienda, pero la compraventa no se ha formalizado y el inquilino solicitó la prórroga, la venta se podrá materializar pero con inquilino incluido.
Para el Gobierno central la no convalidación del decreto ley es tan solo un bache. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, asegura que seguirán trabajando para regular un mercado salvaje. E insiste: quienes solicitaran la prórroga antes de la derogación quedan cubiertos por el decreto. Si llega la judicialización confía en que los tribunales estarán a favor del inquilino.
El Ministerio recuerda que los afectados tienen el teléfono 047 a su disposición para realizar consultas. Isabel Rodríguez recuerda que actualmente la ley permite a las autonomías congelar los precios, como ha han hecho Cataluña, Navarra o Euskadi.
Las plataformas y sindicatos de inquilinos se están organizando ya para defender sus derechos. Aquí en Murcia, el Sindicato de Vivienda intenta organizar una asamblea para despejar todas las dudas, una respuesta colectiva que ayude a los afectados. Su portavoz, Pablo Vidal, dice que con la votación en el Congreso los grupos parlamentarios que han votado en contra han quedado retratados. Se muestra convencido de que las solicitudes serán efectivas, aunque haya que pelearlas en los tribunales.
Desde el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria describen el decreto que acaba de decaer como una fiesta que monta la Administración, pero que paga el propietario. Su portavoz, Jerónimo Jover, lamenta que el Gobierno central haya animado a los inquilinos a solicitar prórrogas cuando no tenía respaldo parlamentario. Insta a los políticos, a los partidos, a alcanzar un gran pacto de estado que deje de mirar a las elecciones y se centre en la población.
Recordamos que hasta 2027 en la Región de Murcia hay más de 26.000 contratos por prorrogar, según los datos del Panel de Hogares de la Agencia Tributaria. Estos contratos afectan a más de 77.200 inquilinos, que han perdido el derecho a solicitar la prórroga extraordinaria antes al decaer el decreto estatal de vivienda.
