El sistema de acompañamiento garantizará la adaptación laboral y la autonomía de este colectivo en la administración, que sumará cinco nuevas plazas este año.
Las personas con discapacidad intelectual que accedan a la administración pública contarán con un sistema de tutorías personalizadas para garantizar su éxito laboral. El Gobierno regional y el CERMI han firmado este miércoles un convenio para que los nuevos funcionarios tengan un acompañamiento en su adaptación y trabajen de forma segura y autónoma. Actualmente, 28 personas de este colectivo trabajan en la Comunidad Autónoma y está prevista la convocatoria de cinco plazas más para este año.
El convenio busca que la igualdad de oportunidades sea una realidad y no un mero trámite. Por un lado, los nuevos trabajadores tendrán un tutor interno dentro de la propia administración y, si es necesario, también contarán con el apoyo de un preparador laboral especializado de las entidades del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. La consejera de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital, Marisa López Aragón, ha destacado que el objetivo es ofrecer un entorno laboral autónomo y seguro.
El presidente del CERMI, Pedro Martínez, recuerda que además del acceso a la función pública por oposición tienen otras dos vías de inserción: el empleo con apoyo en empresas con el acompañamiento de un tutor y los centros especiales de empleo. Las principales dificultades que se encuentran son el transporte para desplazarse al lugar de trabajo y la adaptación al puesto.
El convenio también incluye un plan de formación con la Escuela de Función Pública para sensibilizar al resto de funcionarios sobre las características de la discapacidad.
