El Defensor del Pueblo recurrirá ante el Tribunal Constitucional para intentar restituir el derecho al sufragio, una decisión que podría afectar al censo electoral
La suspensión cautelar del derecho a voto de 163.000 personas acogidas a la Ley de Nietos abre un nuevo frente jurídico e institucional a las puertas de las elecciones del 29 de noviembre. El Defensor del Pueblo ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Constitucional para intentar restituir ese derecho.
El profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Internacional de Cataluña, Luis Gaspar, explica que estas personas mantienen la nacionalidad española si ya les ha sido concedida, aunque se les haya suspendido el derecho al sufragio. La decisión del Constitucional deberá llegar a tiempo para determinar el censo electoral.
Gaspar advierte de que la polémica podría acabar en una impugnación electoral si una resolución posterior reconoce el derecho a votar y los votos excluidos resultan determinantes para el reparto de escaños. A su juicio, el origen del conflicto está en modificar sustancialmente el censo sin un acuerdo previo entre los grandes partidos.