El informe apunta a que el empresario Cristian Corvillo habría utilizado sus contactos con Koldo García para influir en tres contratos públicos, uno de ellos afecta a la Región de Murcia
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga la posible influencia del empresario Cristian Corvillo en la adjudicación de contratos públicos durante la etapa de José Luis Ábalos al frente del Ministerio de Transportes. Entre las operaciones analizadas figura un contrato de 6,18 millones de euros para la conservación y explotación de la AP-7 entre Cartagena y Vera (Almería).
Según el informe policial al que ha tenido acceso EFE, Corvillo, que condujo el coche de Pedro Sánchez durante las primarias del PSOE de 2017, habría actuado como intermediario a través de Koldo García, exasesor de Ábalos, para favorecer a distintas empresas en licitaciones públicas.
La adjudicación que afecta a la Región de Murcia fue realizada por la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre a la UTE formada por Aquaterra Servicios Infraestructuras y Servicios Técnicos Napal. El contrato, valorado en 6,18 millones de euros, tenía como objetivo la conservación y explotación del tramo de la AP-7 entre Cartagena y Vera.
La Guardia Civil detecta una dinámica de contactos y encuentros entre Corvillo y Koldo García en fechas próximas a momentos clave de esta adjudicación. Entre los indicios figura un mensaje que el empresario envió en 2020 al comisionista Víctor de Aldama: «AP7, Napal y Aquaterra» y «no pude ver a nuestro amigo», en referencia, según los investigadores, a Koldo García.
El informe también recoge otras dos adjudicaciones investigadas. Una de ellas, de 28 millones de euros, fue concedida en 2019 a la UTE Sevilla Nevado-Azvi para construir una plataforma de alta velocidad en la línea Madrid-Extremadura. La otra, por 175.188 euros, correspondió a Limpieza Castilla de Salamanca SL para prestar servicios en un edificio de Adif en Madrid.
En los tres casos, los investigadores consideran que Corvillo se habría valido de Koldo García para influir en las licitaciones. El exasesor ministerial habría ejercido, además, influencia sobre Isabel Pardo de Vera, entonces presidenta de Adif.
La UCO ha solicitado información a las empresas implicadas. El informe forma parte de una pieza separada del caso Koldo, cuyo secreto ha levantado este jueves el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno.
